barcelona - El miedo a una sanción si se toma parte activa en el referéndum soberanista convocado por el Govern para el próximo 1 de octubre llevó ayer al Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Catalunya (CSITAL) a emitir un comunicado en el que se señala que la actuación profesional de sus miembros se rige por el cumplimiento del principio de legalidad y recuerda que debe ser fiel “al espíritu y al texto de la Constitución”. En este sentido hay que recordar que los 1.500 funcionarios de las 993 entidades locales de Catalunya han recibido una misiva en la que el Gobierno español les insta a no colaborar con la organización del referéndum convocado por las autoridades catalanas y les pide que velen por el adecuado destino de los fondos públicos. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu de la Generalitat, la portavoz del Gobierno de Carles Puigdemont, Neus Munté, aseguró que las manifestaciones de las organizaciones sindicales y profesionales son “perfectamente respetables”, aunque recordó que la voluntad del Govern”es preservar al máximo el conjunto de trabajadores públicos”. “Como Govern ratificamos nuestra voluntad de que ningún trabajador público ni funcionario va a verse en una situación de dificultad por una decisión que es política”, aseguró. Por ello, la portavoz del Govern pidió “tranquilidad y serenidad” a estos colectivos y recordó que es el Gobierno español quien “amenaza y advierte por carta de los riesgos” de la consulta soberanista en un gesto que la portavoz achacó a la “incapacidad de dar respuesta de forma coherente y madura” por parte del Ejecutivo del PP.
Hace casi un mes, y ante una pregunta realizada por los sindicatos UGT y CCOO sobre el papel que van a desempeñar los sindicatos en el referéndum, el propio presidente del Govern, Carles Puigdemont, desveló que no hará que los funcionarios de la administración catalana tengan que asumir el coste político y laboral de la consulta, sino que la intención de la Generalitat es formar a “agentes electorales” entre los voluntarios que quieran colaborar con la votación. “En ningún lugar dice que los funcionarios tienen que participar en la organización de procesos electorales”, aseguró entonces Puigdemont ante el pleno del Parlament.
Así, anunció que la Generalitat abrirá una bolsa para que se apunte quien quiera ser agente electoral, desvinculando así a los funcionarios públicos del referéndum del 1 de octubre: “Nadie será forzado a nada”. Puigdemont precisó, no obstante, que los funcionarios de la Generalitat que quieran ser agentes electorales podrán serlo, pero por decisión propia, no por ser trabajadores de la administración catalana.
presión a alcaldes Sin embargo, y pese a la intención de la Generalitat de que los funcionarios no se vean perjudicados por el referéndum, la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó ayer a los soberanistas catalanes de “presionar” a funcionarios públicos y a alcaldes porque tienen “miedo” a asumir sus propias responsabilidades ante el referéndum.
Según aseguró, ellos “ponen las presiones” para que “las responsabilidades las asuman otros”. “Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo de asumir su propias responsabilidades en un proceso ilegal. Por lo menos, que dejen de presionar para que las asuman otros”, afirmó Sáenz de Santamaría en el Congreso, durante un discurso ante los diputados del Grupo Popular para hacer balance del periodo de sesiones.
Tras señalar de forma rotunda ante los diputados que pueden tener la “completa seguridad” de que el referéndum no se va a celebrar, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy recordó que el propio Constitucional dice en su sentencia del 14 de febrero que cualquier acto de preparación del referéndum “es ilegal”. Además, avisó a Puigdemont de que “ningún gobierno que se precie puede negociar al margen de la Constitución” y añadió que la Comisión de Venecia recoge una serie de recomendaciones sobre cómo organizar un referéndum y las “incumplen todas”. A su entender, el Govern y los independentistas quieren “endosar la responsabilidad” de la organización del referéndum “a otros”, como los alcaldes y los funcionarios. “Las presiones las ponen ellos para que la responsabilidad las asuman otros”, espetó , para asegurar que la “presión” a los funcionarios ya es “la tónica”.
Sáenz de Santamaría denunció “e acoso” que a su entender están sufriendo los partidos no independentistas, acoso ante sus sedes o “ninguneo” en el Parlamento catalán, algo que, a su juicio, es “bueno que se sepa y se denuncie”. También denunció “presiones” a los medios de comunicación en Catalunya para recibir subvenciones si apoyan el procés. “Se ha perdido completamente la neutralidad institucional por parte de la Generalitat, que es una obligación de cualquier gobierno”, enfatizó , para agregar que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, considera ese comportamiento como una “falta disciplinaria muy grave”. - DNA
