MADRID - El Gobierno español sigue atento a cualquier movimiento de las instituciones catalanas y ayer se apresuró a acusar a Carles Puigdemont de utilizar a las corporaciones locales en el proceso secesionista para parapetarse y “eludir sus propias responsabilidades” en la celebración de la consulta. Fuentes del gabinete de Mariano Rajoy calificaron además el acto de ayer en Barcelona de “iniciativa fracasada”, ya que la convocatoria quedó a su juicio “muy lejos” de las expectativas de sus organizadores. Según estas fuentes, acudieron “muchos menos” ayuntamientos de los previstos, en su mayoría de poblaciones pequeñas que, en su conjunto, representan apenas un tercio de la población de la comunidad.
De forma paralela, la delegación del Gobierno español en Catalunya ha advertido de que denunciará ante los tribunales a aquellos municipios que colaboren con un referéndum “ilegal”, con iniciativas como la cesión de locales para el 1 de octubre. El pasado viernes, el presidente español Mariano Rajoy ya recordó que tanto los ayuntamientos como los funcionarios en Catalunya están obligados a cumplir la ley ante el referéndum independentista y recalcó que su Ejecutivo “no abdicará de sus obligaciones de ninguna de las maneras”.
A estas críticas se sumó la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, quien afirmó que el acto refleja precisamente que no habrá votación el 1-O, porque “representan a municipios en los que viven el 43% de la población” catalana. En declaraciones efectuadas en Badalona, constató que “cada vez son menos” quienes asisten a actos como el de ayer, lo que consideró una prueba de que finalmente no se celebrará la consulta convocada por Puigdemont, que definió como “un nuevo 9-N”. - DNA
