BILBAO. En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Fernández ha explicado que, en los procesos de reinserción, es un juez, "y no el Gobierno central o el Gobierno Vasco", el que decide "si un preso merece en un momento dado cambiar de grado, la libertad provisional o salir a la calle".
En este sentido, ha apuntado que, a la hora de tomar esa decisión, los magistrados valoran tres aspectos, como son "si hay un compromiso claro por la paz y los derechos humanos, si el comportamiento ha sido bueno o no, y si hay o no un distanciamiento crítico respecto al delito cometido".
En este sentido, ha afirmado que "hay que hacer una reflexión sobre qué más hay que hacer y qué hay que cambiar para que las cosas cambien", ya que se necesita "un contexto en favor del cambio que debemos crear entre todos", sean presos de ETA, instituciones vascas y Gobierno español.
"Por ejemplo, la Ley da la oportunidad de recibir beneficios penitenciarios a los presos enfermos o mayores de 70 años, pero si el preso no los pide o el abogado no hace las gestiones, no se lo van a dar. Eso no se ha hecho hasta ahora en muchos casos, y hay que cambiar muchas cosas y crear un nuevo contexto. Un juez debe tener una petición encima de la mesa para tomar una decisión, y, si no la tiene, no puede tomar esa decisión", ha explicado.
Asimismo, ha asegurado que la postura del Gobierno vasco "está clara" y se refleja en las cartas que el lehendakari, Iñigo Urkullu, está remitiendo a presos de ETA y en las que reitera su compromiso para impulsar una nueva política penitenciaria, pero les pide autocrítica.
Por último, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco ha destacado que, "según muchos expertos", la desaparición de ETA tendría "una influencia muy importante" a la hora de analizar la situación jurídica de sus presos, ya que, "ya no existiría una organización terrorista y, desde el punto de vista jurídico, no serían miembros de ninguna organización, y ese dato tiene mucha influencia a la hora de valorar el proceso de resocialización de un preso".
LEY DE ABUSOS POLICIALES
Jonan Fernández ha afirmado que lo más importante en estos momentos es presentar "una respuesta adecuada desde el punto de vista jurídico" al recurso del Gobierno español contra la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Policiales entre 1978 y 1999, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Además, cree que tienen "argumentos" para salir "bien" del conflicto jurídico, porque "las víctimas existen" y "la legislación internacional nos ampara".
Fernández ha asegurado que lo que van a hacer es "defender que la ley aprobada por el Parlamento vasco es completamente legal y constitucional y que respeta la legislación internacional".
En este sentido, ha recordado que el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli ya confirmó, en su visita a Euskadi, que la conocida como Ley de abusos policiales es "totalmente legal", que su planteamiento es "adecuado" y que "respeta la legislación internacional".
En este sentido, ha reiterado que "saldremos bien de este conflicto", ya que, en su opinión, "tenemos algunos argumentos a nuestro favor". "Las víctimas existen, la legislación internacional está de nuestra parte y la sociedad también está de acuerdo en esto. No va a ser fácil, va a ser una carrera de fondo, pero creo vamos a llegar a la meta tomando un camino u otro. Ese es nuestro compromiso", ha asegurado.
En esta línea, ha destacado que, aunque la ley sea finalmente declarada inconstitucional, no se cerrará la vía para reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales, ya que, según ha dicho, "en nuestra sociedad, en nuestro Parlamento y en nuestras instituciones hay adquirido un compromiso para reconocer y reparar a todas las víctimas". "Y, si no es por un camino, lo haremos por otro", ha explicado.
Además, ha explicado que el Gobierno vasco también va a realizar un informe sobre violación de derechos humanos con motivación política a partir del año 2000, pero que, en este tipo de procesos, existe "el principio de progresividad", por lo que el Ejecutivo autónomo "trabaja por etapas" en esta cuestión y que, por lo tanto, "en la anterior legislatura se hizo desde 1960 a 1978, ahora hemos abierto otra etapa hasta 1999, y luego vendrán otros pasos".
