MADRID - Pese a encontrarse en el ojo del huracán desde hace semanas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se hizo ayer fuerte y rechazó cualquier tipo de autocrítica por la dimisión del responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, apenas tres meses después de llegar al cargo. Después de que el Gobierno español expresara el viernes, a través del portavoz Iñigo Méndez de Vigo, su apoyo cerrado a Catalá -“el respaldo es unánime”, dijo-, el aludido recalcó ayer que “el fracaso en la vida existe y hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos”. “No es ningún fracaso lo del señor Moix”, apostilló a preguntas de los periodistas durante un acto de graduación en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.
Preguntado por si se siente respaldado por el Ejecutivo del PP, Rafael Catalá señaló que “absolutamente”. Pese a esta firmeza en su postura, ayer continuaron las peticiones para que dimita o sea cesado por lo que la mayoría de partidos políticos considera un intento descarado de injerencia del gabinete de Mariano Rajoy en los asuntos judiciales. Es el caso del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que recordó que el nombramiento del ministro de Justicia es una competencia del presidente del Gobierno y por ello espera que Rajoy “reflexione” sobre el futuro de Catalá. “No es la persona adecuada para ser ministro”, apostilló.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideró que Catalá, tiene que “dimitir de forma fulminante” porque, a su juicio, es “el responsable último de todo un proceso de injerencia del PP en las instituciones judiciales”. Una situación que “afecta al funcionamiento de la democracia de una forma gravísima”, agregó a los medios durante la XII Asamblea Nacional de Esquerda Unida, en Santiago de Compostela.
Precisamente ayer, El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el cese de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción tras su dimisión el pasado jueves, un trámite con el que se abre el proceso para la designación de su sucesor y que según fuentes fiscales citadas por Efe puede prolongarse más de un mes. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el cese de Moix tras la dimisión irrevocable que presentó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras hacerse pública su participación de un 25% en una sociedad familiar offshore radicada en Panamá. La gestión de Moix ya había sido puesta en entredicho por el propio colectivo fiscal a raíz de sus trabas a la operación Lezo, por la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González permanece en prisión.
Tras su renuncia, Manuel Moix volverá al Tribunal Supremo, de donde salió cuando fue nombrado, y será la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, la que asuma sus funciones de forma provisional hasta que el fiscal general del Estado nombre a un sustituto. El propio Maza dijo el jueves a los medios de que convocará la plaza que elegirá “en el más breve tiempo posible” al relevo de Moix.
valoraciones En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a Majadahonda, el dirigente de Ciudadanos Ignacio Aguado celebró la dimisión de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, pese a que la renuncia llega “tarde y mal” porque el daño al Ministerio Público “ya está hecho”. De Moix, el diputado regional de la formación naranja celebró su salida porque era “el preferido de los corruptos” y tenía una sociedad en un paraíso fiscal. “No podía estar un minuto más en el puesto”, aseveró.
No obstante, Aguado aseguró que su partido no se conforma con la dimisión y por ello llevará al Congreso de los Diputados una reforma de la Fiscalía para que el encargado de la Fiscalía General del Estado sea elegido por la Cámara baja y no por el Gobierno. A su vez, pidió al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que dimita porque ha sido reprobado por el Congreso y porque salió en defensa de Moix y trató de “frenar” su renuncia.
El líder de Izquierda Unida Alberto Garzón apostilló que “el problema no es de nombres. El problema no se trata de Moix, ni siquiera de Maza. No se trata de Bárcenas o Urdangarin: se trata de una red, de una trama de corrupción. En definitiva, de una organización, el Partido Popular, que tiene en su seno a una organización criminal”.
Criticó además el “silencio” que, a su juicio, han mantenido los miembros del Ejecutivo del PP ante “la injerencia brutal del Gobierno sobre las instituciones”. “Especialmente las jurídicas y ante el caso particular de Manuel Moix”, apostilló. A juicio de Garzón, esto es “un síntoma de complicidad ante la corrupción que estamos viendo en las instituciones judiciales”.
