GASTEIZ - La Ponencia sobre Memoria y Convivencia despegó ayer en el Parlamento Vasco con el perímetro de trabajo claramente delimitado: la deslegitimación de la violencia y el terrorismo, y una nueva política penitenciaria. Esas prioridades ya fueron refrendadas en enero, cuando se votó la propuesta que dio luz verde a la creación de la ponencia con el apoyo del PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos. La presidenta del foro parlamentario, la jeltzale Ana Oregi, volvió a ponerlas ayer en valor, en un momento en el que habían generado cierta inquietud los pronunciamientos públicos de la coalición abertzale fijando como prioridad abordar la situación de los presos, lo que fue interpretado como un intento de correr un tupido velo sobre la autocrítica del pasado. El encuentro de ayer tuvo mucho de trámite y de protocolo para constituir oficialmente la ponencia y no dio para mucho más, pero las fuentes parlamentarias consultadas por este periódico detectaron voluntad de acuerdo en todos los grupos y recibieron con buen pálpito que nadie hiciera bandera de un planteamiento distinto, ni dentro de la reunión ni convocando ruedas de prensa para marcar posición.
La principal valoración ante la prensa corrió a cargo de la presidenta de la ponencia, lo que permitió realizar un análisis de perfil institucional sobre el primer encuentro. Según anunció, los grupos tendrán tres semanas para preparar sus documentos y proponer una metodología de trabajo, que puede abarcar comparecencias de expertos, peticiones de informes u otro tipo de consideraciones. Tendrán que tenerlo todo listo para la próxima reunión del 7 de junio, donde los partidos pondrán en común sus documentos e identificarán las materias en las que pueden llegar a acuerdos. En el transcurso de la próxima semana, los servicios jurídicos del Parlamento van a dedicarse a recopilar todas las iniciativas que se han debatido en la Cámara en relación con la convivencia para agruparlas en un informe y evitar que se repitan esas mismas propuestas o que se pida la comparecencia de expertos que ya han desfilado entre sus paredes. Oregi dijo que se trata de “no perdernos” en cuestiones que ya se han analizado.
En cuanto a los asuntos que estarán sobre la mesa, citó “la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la libertad, la paz y los derechos humanos. “Este es el marco que tenemos, está perfectamente establecido en el acuerdo parlamentario que posibilitó la creación de esta ponencia”, sentenció, para apelar después al entendimiento y el “respeto al diferente”. El representante jeltzale Iñigo Iturrate, por su parte, pidió acuerdos amplios para asentar la convivencia y la normalización.
objetivos Los grupos no han revelado aún su planteamiento de trabajo. Algunas fuentes aventuran que el objetivo más ambicioso consistirá en labrar los consensos más amplios y transversales que sea posible y plasmarlos en resoluciones parlamentarias en dos ámbitos: por un lado, para asentar la convivencia y, por otro, para plantear demandas ante el Gobierno español en materia penitenciaria. En ese último caso, se trataría de acudir con una posición de fuerza a las negociaciones con Madrid, con un respaldo plural que proporcione mayor legitimidad a las demandas. En cualquier caso, sería prácticamente la última fase de los trabajos, y por el momento nadie quiere alimentar expectativas porque la tarea será ardua.
La reunión de ayer fue una balsa de aceite, y la principal incógnita que se cierne ahora sobre los trabajos es si esta situación se va a mantener a partir del 7 de junio, cuando verdaderamente se entrará en harina. La reunión de ayer dejó buen sabor de boca, aunque fue solo una aproximación fugaz a la ponencia y a nadie escapa que el camino será tortuoso cuando se entre en detalles. Desde el socialismo esperan que la izquierda abertzale no pretenda modificar los principios éticos de la ponencia, y aspiran a sumar en algún momento al PP. La insistencia de EH Bildu en fijar la prioridad en los presos por considerar que es lo más urgente y una vulneración de derechos que sigue vigente ha generado dudas en los grupos, todo ello acompañado de los sabotajes de las juventudes de Sortu contra el PNV. Este foco de tensión se ha sumado a la brecha histórica entre el PP y la izquierda abertzale, que sigue provocando que los populares se autoexcluyan de la ponencia.