VITORIA - El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Álava decidió el pasado 25 de abril el sobreseimiento de los imputados en la causa que investigó los términos en los que el Gobierno Vasco contrató varios espacios en cuatro medios del Grupo Noticias, editora de este diario. Tras el auto que se conoció ayer para el que no cabe recurso, fuentes del Ejecutivo consideraron una “consecuencia lógica” que se archive la totalidad de la causa que emprendió UPyD.

Un proceso que partió en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria con tres presuntos delitos: prevaricación, fraude en la contratación de administraciones públicas y malversación de caudales públicos, que ha sido el cargo que tras otros autos ha perdurado contra los entonces director de Comunicación, Iñaki Bernardo; directores de servicios de Educación, José Manuel Bujanda; de Empleo y Políticas Sociales, Iñaki Arrizabalaga; y los jefes de prensa de Educación, Aitzol Zubizarreta, y Empleo, Imanol Zuluaga.

“No se considera incorrecta la forma directa de contratación que se empleó”, resuelve el tribunal compuesto por Jesús Alfonso Poncela -presidente-, Elena Cabero y Raúl Aztiria sobre los contratos que el Departamento de Educación con Onda Vasca (2.420 euros), Deia (9.879,8 euros), Diario de Noticias de Álava (3.374,69 euros) y Noticias de Gipuzkoa (4.723,84 euros).

La magistrada instructora, María Eneida Arbaiza, aportó dos conclusiones para seguir con esta parte de la causa por presunta malversación, que el tribunal, atendiendo a la alegación del Gobierno Vasco, desestima.

Por un lado, el auto conocido ayer afirma que “la Ley 6/10 en nada concreta sobre qué tipo de leyes tiene su ámbito, y es más, al ser la Lomce una ley estatal y afectar a los ciudadanos de la comunidad autónoma, efectivamente bien podría ser de aplicación la normativa de comunicación autonómica”, en contra de la posición de la jueza instructora.

Lo mismo ocurre con el segundo postulado: “Considera que desde su perspectiva personal, se ha producido una desviación de dinero público porque la campaña iba dirigida bajo su criterio a una finalidad distinta (demonizar la Lomce) para potenciar así el plan Heziberri 2020, que dependía del Gobierno Vasco”. A juicio del tribunal, “no existe indicio racional objetivo que avale esta personal y subjetiva conclusión”.

Causa de UPyD El procedimiento lo puso en marcha el que fuera parlamentario de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, a comienzos de 2014 y un año después, su entonces líder estatal, Andrés Herzog, mostró su voluntad de imputar a todos los consejeros del Ejecutivo de la pasada legislatura en lo que iba a ser “un desnudo integral del Gobierno Vasco”. La oposición llamó al lehendakari Urkullu a comparecer en la Cámara, donde reconoció no estar “satisfecho de lo ocurrido”, con la gestión de estos contratos que calificó de “patrocinios” y en los que la Audiencia de Álava no ha apreciado delito.