bilbao - ¿Cuánto tiempo será necesario para eliminar la distancia que sigue separando al PNV y al Gobierno español en la negociación de los Presupuestos estatales para este año? La respuesta varía en función de quién la ofrezca, pero los jeltzales creen que queda un trecho largo que recorrer, insinúan que será necesaria toda esta semana para limar posiciones, y que el acuerdo, de producirse, llegaría in extremis. La ejecutiva del partido liderado por Andoni Ortuzar dedicó ayer su reunión semanal en Sabin Etxea a abordar la marcha de estas conversaciones y a revisar su estrategia. Las diferencias siguen siendo “importantes” y el acuerdo está “lejos”, tal y como explicaron fuentes jeltzales. Están ultimando su enmienda a la totalidad, y piden solucionarlo con un acuerdo en torno a tres ejes: la negociación del Cupo, la factura energética que asumen las empresas vascas, y varias cuestiones competenciales. Podría ir para largo. El PNV no toma como referencia el tope del viernes a las 14.00 horas, momento en que finaliza el plazo para registrar enmiendas a la totalidad. Se ciñe al miércoles y jueves de la próxima semana, que será cuando se voten esas enmiendas en el Congreso de los Diputados, porque hasta entonces puede apurarse la negociación y retirarse la enmienda a la totalidad.

¿Qué es lo que está atascando la negociación? Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que, a día de hoy, ninguno de los tres bloques de la negociación está amarrado. La cuestión de mayor alcance político es el Cupo, el dinero que paga Euskadi al Estado por las transferencias no transferidas, como la Corona, el Ejército o los puertos. En este terreno, está comenzando a cundir la sensación de que no va a ser posible avanzar más en las conversaciones entre los técnicos de los departamentos de Hacienda de ambos gobiernos. Las conversaciones están atascadas y es necesario un impulso político. Se espera la implicación del presidente Rajoy, pero el problema radica en que está inmerso en un viaje institucional por Brasil y Uruguay que lo va a mantener ocupado prácticamente toda la semana. Salvo que se produzca un aval desde la distancia o en la persona de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, el Cupo tendrá que esperar. Las fuentes consultadas no creen que vaya a haber “un acuerdo en las próximas horas”. Los contactos se van a redoblar y esta semana están previstas reuniones a varias bandas entre representantes de los ejecutivos, y con el grupo del Congreso.

El Cupo tiene a su vez tres vertientes: la liquidación de los últimos diez años, donde el Gobierno Vasco cree que se le deben unos 1.600 millones por un cálculo erróneo en la aplicación del Cupo durante todo este tiempo; una nueva Ley Quinquenal que abarque desde este año hasta 2021, y algunos ajustes en la concertación de impuestos. En cuanto a la liquidación, las posturas están muy cercanas, pero al Gobierno Vasco no le tranquiliza demasiado. Lo que busca es que el conflicto no se repita y no volver a las andadas. Quiere que quede clara de una vez por todas la metodología del cálculo del Cupo, es decir, que haya seguridad jurídica y que se cierre con precisión la ley para los próximos cinco años con garantía de cumplimiento y bilateralidad. El PNV tampoco quiere que este conflicto se reproduzca y que Madrid lo deje todo al albur de las negociaciones presupuestarias como baza negociadora en el futuro. Es ahí donde sería necesario el impulso político de Rajoy. En la cita de la ejecutiva jeltzale celebrada ayer estuvo presente el lehendakari para abordar las últimas novedades relacionadas con el Cupo.

La elevada factura energética que asumen las empresas vascas también es una cuestión clave para el PNV, y sigue sin haber acuerdo. Los jeltzales denuncian el lastre que supone para la siderurgia, que tiene que consumir mucha energía por ser una industria pesada. Esta factura eleva sus costes de producción y provoca que el producto se encarezca y sea menos competitivo en el mercado. El problema está relacionado con las sucesivas subidas de la luz, pero también hay un componente singular que afecta a Euskadi y que el PNV pide solucionar: se da la circunstancia de que las empresas vascas tienen que asumir el coste más alto de todo el Estado porque están conectadas a una red diferente, de media tensión y no de alta tensión. Esta rareza debe corregirse, según han planteado en varias ocasiones los jeltzales.

competencias En el capítulo de las cuestiones competenciales, algunas fuentes consultadas a lo largo de este proceso no han descartado que pueda producirse el traspaso de los aeropuertos. Estuvo sobre la mesa en una fase más preliminar, y se desconoce en qué momento se encuentra. Las dos competencias por excelencia que quedan por transferir, prisiones y régimen económico de la Seguridad Social, fueron planteadas por el PNV en una fase muy inicial de su deshielo con Rajoy pero no están en las negociaciones presupuestarias, que se han encaminado hacia cuestiones más relacionadas con las infraestructuras y con un impacto económico claro e inmediato. Son demandas que el PNV se reserva para plantearlas en otro contexto.

Las fuentes consultadas aclararon ayer mismo de manera tajante que la competencia de prisiones no está en las negociaciones. No fueron tan taxativas con la cuestión de los aeropuertos, aunque es complicado interpretar su discreción en un momento en que las negociaciones entran en su fase decisiva y nadie quiere hablar más de la cuenta.

Por otro lado, los jeltzales no ocultan que ha habido avances en el respeto a las leyes vascas. Madrid no ha recurrido la Municipal ni la de Iniciativa Legislativa Popular, y ha levantado el veto sobre las convocatorias de empleo de la Ertzaintza. Ha quedado como borrón en la negociación la Ley de Adicciones, con la suspensión del artículo que abre la puerta a regular los clubes de cannabis. Queda pendiente la negociación sobre la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999, cuyo plazo expira el 10 de mayo, aunque el resultado es toda una incógnita y los tiempos no coinciden con la votación de las enmiendas a la totalidad.

En el capítulo de las infraestructuras, los avances han sido más claros con un acuerdo para la entrada del tren de alta velocidad en las tres capitales de la comunidad autónoma, y para impulsar la Variante Sur Ferroviaria.

El plazo para registrar enmiendas a la totalidad acaba el viernes. El PNV tiene casi cerrada la suya. Si no hay acuerdo en las próximas horas, la registrará, aunque puede retirarla antes de que arranquen las votaciones de la próxima semana. El lunes y el martes son festivos en Madrid, pero los jeltzales entienden que a los efectos de negociar serán laborables. Rajoy necesita 175 votos en el trámite de las enmiendas a la totalidad, donde ya tiene el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, y le faltan los cinco escaños del PNV. Para las enmiendas parciales y la votación final, necesita un escaño más que espera lograr de Nueva Canarias. El PP ha trasladado en las últimas horas que el acuerdo estaba hecho y solo faltaba que el PNV decidiera cuándo comunicarlo, pero los jeltzales discrepan y no dan señales de rebajar sus exigencias.

Cupo. Es el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas. Deben acordar tres cuestiones: la liquidación de los últimos diez años, donde el Gobierno Vasco entiende que se le adeudan 1.600 millones porque el Cupo se ha calculado de manera incorrecta; la firma de una nueva Ley Quinquenal que abarque hasta 2021, y ajustes en la concertación de los impuestos.

Factura eléctrica de las empresas. Tampoco se ha cerrado un acuerdo sobre este punto. El PNV ha reclamado en repetidas ocasiones que se solucione el agravio que supone para las empresas vascas estar conectadas a una red de media tensión y no de alta tensión, porque supone asumir la factura eléctrica más alta de todo el Estado. Para más inri, en Euskadi es clave la siderurgia, que es una industria pesada de alto consumo energético. A todo ello se suma la subida de la luz.

Cuestiones competenciales. Ha habido avances en el cese de las hostilidades contra las leyes vascas y se ha levantado el veto sobre las convocatorias de empleo de la Ertzaintza. En una fase más preliminar se habló de la transferencia de aeropuertos, aunque se desconoce en qué fase están las conversaciones.