este año se cumplen 35 desde que el Gobierno Vasco de Carlos Garaikoetxea, a través de su consejero de Justicia, Juan Porres; y del senador del PNV Joseba Azkarraga, iniciaron los contactos para dar una salida a los presos de ETA VIII Asamblea, una escisión nacida del proceso de disolución de los polimilis. Casi cuatro décadas después ETA ha dejado las armas y ha emprendido el debate sobre su propia existencia, y en las cárceles de Francia y España hay cerca de 350 presos con muy variadas situaciones, cuya reinserción en la sociedad es ahora objeto de debate. El colectivo de presos ha flexibilizado las condiciones bajo las cuales los reclusos pueden buscar salidas a su situación, por ejemplo permitiendo las solicitudes individualizadas, pero el Gobierno del PP reclama que además se manifieste arrepentimiento y se colabore con la justicia.
Azkarraga, hoy día portavoz de la red ciudadana Sare, que reclama el fin de la dispersión de los presos de ETA o la excarcelación de los reclusos que padecen enfermedades graves, recuerda para DNA cómo se desarrolló aquel proceso, en un clima mucho más duro que el actual.
En 1982, el año en que se abrió la conocida como vía Azkarraga, ETA asesinó a 39 personas; y el año siguiente, cuando 43 presos ya se habían acogido a la misma, fueron 40 los muertos. Por otro lado, el recién estrenado Gobierno del PSOE hizo suyo el lema bietan jarrai de su antagonista y mientras ensayaba la vía de los indultos negociados con Porres y Azkarraga resucitaba la guerra sucia, abandonada desde hacía tres años. El 15 de octubre de 1983 el GAL secuestraba en Baiona a Joxean Lasa y Joxi Zabala. “Con todo lo que había en aquellos momentos -relata Azkarraga-, los 43 fueron saliendo en libertad a través de indultos que se aprobaban en el Consejo de Ministros, en algún caso se alargó de manera excesiva, pero la mayor parte salió en un plazo relativamente corto de tiempo”.
Pero, ¿cómo se gestó aquel proceso de reinserción, que más allá de las excarcelaciones permitió el regreso de cerca de dos centenares de huidos a Euskadi? A principios de los años ochenta Juan Mari Bandrés y Mario Onaindia capitanearon el abandono de las armas por parte de ETA político militar y su desembarco en la actividad pública a través de Euskadiko Ezkerra. No todos los polimilis estuvieron de acuerdo y constituyeron ETA VIII asamblea. “A los pocos meses todos estaban en la cárcel, y al no haber estructura en el exterior, se pidió al Gobierno de Carlos Garaikoetxea que iniciara un proceso de negociación con el Gobierno español”, rememora Azkarraga, que junto a Juan Porres, y con el entonces Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, entablaron contactos “no solo con el Gobierno español, sino con la propia Audiencia Nacional; los jueces y el fiscal jefe de entonces, Melitino García, participaron activamente”.
Todo el proceso se sustentaba en un escueto documento que debían firmar los presos que quisieran ser indultados por el Gobierno socialista de Felipe González. “En el escrito no se hablaba de arrepentimiento como se exige ahora, sino de un compromiso con las vías políticas democráticas y con el abandono de la violencia, no hubo ningún tipo de requisito más, y era con ETA en vigor”, señala el ahora portavoz de Sare.
“la clave”, los traslados El proceso comenzó con estos 43 presos, la mayoría de ellos octavos, y uno de los movimientos “clave” del mismo, señala Azkarraga, fue que se aceptó su exigencia de ser trasladados desde Herrera de la Mancha a la prisión alavesa de Nanclares, de la que fueron saliendo según se iban aprobando los indultos. Eso sí, si la salida de ETA político militar había sido colectiva, en este caso se trataba de una fórmula individualizada, como la que finalmente parece que se está imponiendo en la actualidad. Al proceso se fueron sumando otros presos y huidos, “todos de la órbita, menos uno o dos de ETA militar, de organizaciones prácticamente disueltas”, explica Azkarraga.
En 1986, la única organización que seguía operativa dejó claro que para sus integrantes reinsertarse no era una opción. El 10 de septiembre ETA asesina a Yoyes en Ordizia, escasos meses después de regresar del exilio por una vía diferente a la que hoy rememora Joseba Azkarraga.
“Eran momentos mucho más complicados, quien utilizó aquella vía se enfrentaba al rechazo social, sobre todo en localidades pequeñas”, señala. Y ninguno, añade, “volvió a actividades relacionadas con la violencia, de hecho eso supuso una garantía de que lo que se había hecho se había hecho de una manera correcta”.
Por ello, el también exconsejero vasco de Justicia con el lehendakari Juan José Ibarretxe cree que de aquella experiencia de hace 35 años se pueden extraer enseñanzas para un momento, el actual, en el que “con ETA ya desarmada se están exigiendo contrapartidas que nada tienen que ver ni con el momento actual ni con lo que se planteó hace 35 años”. Entonces, asegura, “no se pidió ni colaboración con la justicia, ni arrepentimiento, ni perdón, ni nada de lo que en estos momentos se plantea, que en algunos casos ni la propia legislación contempla”.
A juicio de Azkarraga, “estamos ante una situación absolutamente esperpéntica”, y por ello cree necesario que el Gobierno del Partido Popular “se fije en lo que se hizo en épocas mucho más difíciles”.
La vía Azkarraga. En 1982 se gestó un proceso para indultar a los presos de ETA VIII Asamblea que se saldó con el traslado a la cárcel de Nanclares de la Oca y la posterior excarcelación mediante indulto de decenas de presos. Finalmente se acogieron reclusos de otros grupos terroristas ya inactivos. Además, dos centenares de huidos regresaron a Euskadi.
La vía Nanclares. Fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que abrió a los presos de ETA la posibilidad de acogerse a los beneficios penitenciarios que disfrutan los reclusos comunes si se cumplían una serie de condiciones. Debían dejar el colectivo de presos, renunciar por escrito a la violencia, pedir perdón a las víctimas y comprometerse a repararlas, además de colaborar con la Justicia. La llegada del PP al Gobierno en 2011 paralizó este proceso.
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Presos de ETA VIII Asamblea se adhirieron inicialmente al proceso de reinserción que negociaron los gobiernos vasco y español.
