Bajo la hojarasca de los actos de desarme de ETA el sábado 8 de abril en Baiona se ocultan muchos movimientos de los protagonistas de esta historia que componen la trastienda de la operación de entrega de armas. Algunos necesitarán un tiempo para que salgan a la luz y otros comienzan a conocerse a medias, con versiones a veces sesgadas y a menudo confusas, aunque en muchas de ellas hay algo de verdad y sirven para construir la narrativa de lo sucedido. Vistas las cosas con perspectiva se puede constatar que lo ocurrido en esa jornada histórica, y en las semanas anteriores, en todo el área que abarca el triángulo Gasteiz-Madrid-París, con baricentro en Baiona, responde en líneas generales al esquema planteado por el Gobierno Vasco en su propuesta para el desarme hecho público el 21 de diciembre de 2014. Lo sucedido hace unos días en Baiona deja en el aire una pregunta: ¿Por qué ETA no quiso completar entonces el desarme que ha escenificado el pasado fin de semana entregando a las autoridades judiciales francesas las coordenadas de geolocalización de sus arsenales? Lo que sigue a continuación es una sucesión de hechos que se han producido en la trastienda del desarme y que ayudan a responder a esa pregunta.

La hoja de ruta diseñada por el Gobierno de Iñigo Urkullu con la escuadra y el cartabón de su secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, estableció entonces los principios sobre los que había de completarse el desarme y emplazó a ETA a que lo hiciera de forma unilateral, ordenada, verificada, en una sola entrega y efectiva. Tras subrayar la importancia simbólica de la entrega de armas, el Gobierno Vasco destacaba que abriría la puerta a una nueva etapa que permitiría a la sociedad vasca a “pasar página de una forma definitiva”, en referencia a la disolución de la organización ahora desarmada.

rAjoy rechaza una negociación Desde el anuncio de fin de su actividad violenta el 20 de octubre de 2011, el bloqueo en la cuestión del desarme de ETA llevó al Gobierno Vasco a emplazar a la organización armada con una propuesta de procedimiento que incluía cinco pasos que se han completado casi al milímetro a excepción del último, el que planteaba la entrega de la localización de las armas y explosivos al Gobierno Vasco. Y no se los entregó al Ejecutivo de Urkullu porque su intención inicial era forzar una negociación con los Gobiernos español y francés, o al menos con Madrid, para acordar los términos del desarme. La organización armada jamás ha contemplado conceder a un gobierno del PNV el éxito que atribuye al final de ETA.

La posición pétrea de Rajoy fue dinamitando esta posibilidad y en 2014 el Gobierno de Urkullu hizo su propuesta para buscar el desbloqueo de la situación pero ETA la rechazó. Prefirió asumir el riesgo de un desarme policial y que las policías francesa y española fueran desarmándola sacando a la luz los zulos que ya tenía pinchados y abortando los distintos intentos de la organización armada de a través de personas del entorno de la izquierda abertzale buscar puentes con el Gobierno francés para una negociación con París. Estos intentos también fueron abortados por la policía y Madrid y París.

el modelo de desarme de eta Agotada esa vía ETA comenzó a buscar una alternativa. Se negaba a aceptar un desarme concebido como una entrega de armas y menos aún a las autoridades judiciales y policiales. Su modelo era otro: las armas debían ser neutralizadas y puestas fuera de uso como intentaron el 16 de diciembre del año pasado en Luhuso con los denominados Artesanos de la paz de por medio, pero nunca entregadas, con el riesgo de que puedan ser analizadas pericialmente, como lo están siendo, para esclarecer atentados pendientes de resolver. Las fuentes antiterroristas cifran en más de trescientos atentados que no han sido todavía resueltos, que deberían arrojar luz sobre 224 asesinatos cuyos autores no han podido ser llevados al banquillo de los acusados. Además, buscaba un proceso de desmantelamiento de sus arsenales a plazos.

Como relataron los propios Artesanos de la paz, en Luhuso intentaron deshacerse del 15% del total del arsenal de la banda, pero la policía francesa, en colaboración con la española, descubrió la operación y detuvo a cinco mediadores civiles que previamente habían acordado con ETA el procedimiento de inutilización de las armas. En esa operación no participó el grupo de verificadores internacionales que lidera Ram Manikkalingam. No había cocina política suficiente para garantizar el proceso ni tampoco la seguridad jurídica de los participantes, entre ellos la de los propios verificadores, como posteriormente se vio al desbaratar la policía la operación de desarme parcial. Los Artesanos de la paz encomendaron la verificación al pastor metodista irlandés Harold Good que no acudió a la cita de Luhuso porque la policía se anticipó y abortó la operación.

Los mediadores civiles de Luhuso liderados por Txetx Etcheverry (un activista por el medio ambiente a través de la lucha no violenta) y Michel Berhocoirigoin (una figura del sindicalismo agrícola y antiguo presidente de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, también comprometido públicamente contra las vías violentas) fueron detenidos y llevados a la Corte antiterrorista de París. Allí pasaron varios días hasta que el juez decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, pero sin la acusación de pertenencia a organización terrorista ni tenencia de armas.

mediadores civiles de eta De vuelta en Iparralde, los Artesanos de la paz insisten en sus intentos de que París se avenga a una entrega de armas en un formato diferente al de Luhuso. Durante semanas buscan el contacto directo con el Eliseo a través de diferentes vías, pero el canal de comunicación no termina de abrirse. Hasta que a finales de febrero, el Gobierno de Françoise Hollande da señales tímidas, y por vía indirecta, de estar dispuesto a escuchar. En principio se limita solo a escuchar, no hay propuestas ni compromisos. La situación empieza a mejorar pero sigue bloqueada.

El debloqueo se produjo por una concatenación de una serie de operaciones diplomáticas al más alto nivel entre los gobiernos vasco, español y francés. Este juego de billar a varias bandas permitió que Madrid cambiara su posición respecto al desarme y adoptara una actitud que se viene a denominar como “dejar hacer” y no poner trabas a la entrega. La fecha clave es la reunión secreta el 14 de marzo en Moncloa entre el presidente Mariano Rajoy y el lehendakari Iñigo Urkullu, en la que este le pone al corriente del modelo de entrega que ahora plantea ETA y que ese esquema se corresponde con los principios y las líneas maestras que el Gobierno Vasco ha exigido a la organización ahora desarmada en los dos últimos años.

rajoy pulsa el botón del desarme Rajoy cambia el chip y pulsa el botón diplomático del desarme. Previamente, en febrero y la primera semana de marzo, el Gobierno Vasco realiza a través de los Artesanos de la paz y los verificadores internacionales -ya en suelo de Iparralde- las comprobaciones necesarias para que la operación no sea un fiasco y termine como en febrero de 2014 cuando el equipo de Manikkalingam llegó a Euskadi con un inventario de armas selladas y entregadas por ETA y un vídeo emitido en la televisión británica de la BBC en el que aparecía con dos encapuchados de ETA durante la entrega de una cantidad muy reducida de armas, munición y explosivos.

Rajoy llegó con un mes de retraso al anuncio de ETA de fin de su actividad armada. Pero puede pasar a la historia con la medalla de haber sido el presidente del Gobierno español que terminó con las siglas de la banda sin prácticamente haber movido un dedo. Las elecciones que le llevaron a la Moncloa fueron justo un mes después de aquel 20 de octubre de 2011 en el que la organización anunció que apagaba la luz. Pero cinco años y medio después de aquello, la banda todavía no ha bajado la persiana y sigue sin disolverse. El desarme es el penúltimo estadio antes de la disolución, que muchos analistas sitúan incluso este año pero que en cualquier caso habrá de completarse antes de las elecciones municipales y forales de 2019, fecha para la que la izquierda abertzale política quiere haberse quitado el lastre de ETA.

ventanilla judicial en francia Tras el encuentro entre Urkullu y Rajoy, la línea entre Madrid y París se activa. En paralelo, el Gobierno Vasco trabaja con su enlace en el Gobierno de Hollande -su rango es guardado bajo siete llaves por el Ejecutivo de Urkullu para no quemarlo de cara a futuras necesidades- para reforzar los mensajes del Gobierno de Rajoy en el sentido de propiciar la entrega. El Eliseo comprueba que los astros se alinean y que hay garantías para adoptar también la posición de “dejar hacer” sin quebrar la unidad de acción con el Gobierno español que siempre ha mantenido en la lucha antiterrorista. Tres días después el periódico francés Le Monde publica una información basada en afirmaciones de Txetx Etcheverry fijando la fecha del desarme para el 8 de abril, tres semanas después. Ya no hay marcha atrás. Al día siguiente, el primer ministro galo, Bernard Cazeneuve, despeja todas las dudas en torno a la implicación de Francia al afirmar que “si se quiere restituir las armas hay que entregarlas dentro del respeto de las reglas del Estado de derecho: ir a la Justicia que lleva a cabo las investigaciones y decir ‘hemos decidido poner fin a la violencia, entregamos todas las armas”.

Salvado este escollo, la única condición de París es que la operación de desarme no mancille la imagen del Gobierno francés con una entrega de las geolocalizaciones del arsenal de ETA en mano directamente al Gobierno o a la Policía. La vía elegida para sortear el problema es la del depósito del listado de zulos en ventanilla judicial, esto es, el documento con los arsenales había que entregarlo al poder judicial, asegurando así que la operación es legal y exhimiendo al Gobierno francés de asumir compromisos inabordables por un ejecutivo.

La ventanilla judicial francesa era la fiscalía antiterrorista de la República francesa dirigida por Françoise Molins, al que se le remitió el listado con los zulos a través de un correo de los verificadores internacionales que depósito el documento en una instancia judicial en Baiona en la madrugada del mismo sábado 8 de abril.

Los últimos días antes del día D fueron de muchos nervios en todas las partes. La labor diplomática estaba amarrada salvo que saltaran las costuras por declaraciones triunfalistas que pudieran desencadenar respuestas de colectivos de víctimas o de medios de comunicación beligerantes con el desarme que arrastraran al Gobierno español a dar un paso atrás. El Ejecutivo vasco también intentó disuadir, sin éxito, a los Artesanos de la paz que los observadores civiles custodiaran los zulos hasta la llegada de la policía francesa. El riesgo de que se produjera algún incidente físico o legal latía tras la iniciativa. Finalmente no se produjo debido al civismo de los voluntarios y a la actuación del prefecto de Pirineos Atlánticos, Eric Morvan, (el equivalente al delegado del Gobierno español en la CAV) que tomó las riendas y dispuso un operativo medido, proporcionado y seguro para todas las partes.