Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, condenados a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta del 9-N, alegarán la vulneración de sus derechos constitucionales en los recursos que contra esta sentencia sus abogados plantearán ante el Tribunal Supremo.

Tras tener conocimiento de la sentencia, tanto el expresidente de la Generalitat como sus dos exconselleras anunciaron que no se iban a quedar de brazos cruzados y que iban a recurrir a cuantas instancias hicieran falta, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La primera fase de su recurso tiene como destinatario el Supremo y según señalaba ayer Efe, estos recursos estarán basados en que la sentencia del TSJC vulneró hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Asimismo, la defensa de Mas, ejercida por el abogado Xavier Melero, aprecia que se produjeron errores en la admisión de pruebas. Un recurso similar al que presentará el letrado Rafael Entrena, encargado de la defensa de Joana Ortega, que considera que hubo “un error grave en la apreciación de pruebas por parte del TSJC”. En su recurso, Entrena aduce también que la sala no practicó una serie de diligencias “propuestas a tiempo y forma”.

En esta misma línea argumental, el abogado de la tercera condena, el letrado Jordi Pina que representa a Irene Rigau, advierte en su recurso de que se produjo un “error de valoración” en varias de las pruebas documentales presentadas.

Sentencia correcta En este contexto, el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, defendió ayer como una “decisión correcta” la sentencia que condenó a los tres exdirigentes de la Generalitat.

En su primera comparecencia pública desde que se dio a conocer la sentencia, Barrientos aseguró que el tribunal que él preside emitió una sentencia de forma “libre e independiente”, una sentencia condenatoria que insistió en calificar de “justa”.

Para el presidente del TSJC, una buena manera de calibrar la ecuanimidad de su veredicto es que ha sido recurrido tanto por la defensa de los tres encausados como por la Fiscalía, que considera que Mas, Ortega y Rigau debieron ser también condenados por un delito de prevaricación del que les absolvió el TSJC. Por ello, Barrientos insistió en que “si a ninguno ha satisfecho la sentencia, es síntoma de que fue una decisión justa”.

Embajadores del ‘procés’ Si bien es cierto que la inhabilitación impide a Mas, Ortega y Rigau ejercer cargo público, es evidente que los tres disponen de un bagaje político que los dirigentes del Govern, con Puigdemont a la cabeza, no quieren desaprovechar. Así, la Generalitat ha pedido a los tres condenados por la consulta del 9-N que hagan “pedagogía” pues su testimonio puede ser útil “dentro y fuera de Catalunya”. En otras palabras, los tres se convertirían en embajadores del procés fuera de Catalunya.

Así se lo trasladó el president en el transcurso del Consell Executiu que se reunió ayer en el Palau de la Generalitat y al que acudieron Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en una muestra más de apoyo a los tres por parte del Govern catalán.

Según explicó posteriormente la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Neus Munté, el encuentro sirvió para constatar la total disponibilidad de los tres condenados para ejercer de difusores de procés soberanista, si bien afirmó que de momento no se les ha encargado ninguna acción en concreto. “Los estamos trabajando y estudiando y cuando esté más acotada cuál puede ser su función, se lo trasladaremos”, aseguró la portavoz del Govern, que subrayó que la presencia de los tres en la reunión del Consell Executiu sirvió para “expresarles que nos hemos sentido juzgados como ellos y que queremos ser continuadores de su tarea”.

Sin embargo, la presencia de los tres no fue bien recibida por PP y Ciudadanos, que señalaron que se trataba de una falta de respeto puesto que no son cargos públicos y, además, están condenados por el TSJC. Ante estas acusaciones, Munté aseguró que una falta de respeto es “la judicialización de la política, las querellas y las amenazas”. Por ello, insistió en que la presencia de Mas, Ortega y Rigau en la reunión del Govern catalán era un acto de “agradecimiento, respeto, reconocimiento y dignidad”.