BARCELONA. En su sentencia, cuyo fallo se ha leído hoy en la sala del TSJC, el alto tribunal catalán condena también a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación para cargo público y a un año y medio de inhabilitación a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, ambas como cooperadoras necesarias en un delito de desobediencia.
En una decisión unánime, el tribunal ha acordado absolver a Mas del delito de prevaricación en la consulta independentista del 9N, por el que la Fiscalía le pedía ocho años de inhabilitación.
Además de las penas de inhabilitación, la sala ha impuesto al expresidente de la Generalitat una multa de 36.500 euros y otras dos de 30.000 y 24.000 euros, respectivamente, a las exconselleras Ortega y Rigau, que como Mas han quedado absueltas del delito de prevaricación.
La sala ha condenado también a los tres procesados a pagar la mitad de las costas judiciales derivadas de la causa abierta a raíz de la consulta independentista, incluidas las de la acusación popular, que ejercían los sindicatos policiales Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, Manos Limpias y la asociación Arca Ibérica.
Pese a estar convocados, ninguno de los tres acusados ha acudido a la sala del TSJC donde a las 13,00 horas de hoy el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, ha procedido a la lectura del fallo de la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Los tres acusados, cuyos abogados sí han asistido a la lectura pública, ofrecerán una rueda de prensa para valorar la sentencia en la sede del PDeCAT, a las 14.15 horas.
La condena a Mas, para quien la Fiscalía pedía diez años de inhabilitación, puede dificultar su eventual regreso como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un momento en que el PDeCAT está falto de liderazgos claros por la renuncia de Carles Puigdemont a repetir, y está por ver también si acelera o no el pulso al Estado para celebrar un referéndum de independencia.
En los próximos días, se espera que el Tribunal Supremo notifique su sentencia sobre el juicio por desobediencia y prevaricación que hace dos semanas celebró contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs, para quien la Fiscalía pide también diez años de inhabilitación por su papel al mantener la consulta independentista del 9N tras la suspensión.
