curioso país, el que impide a los jueces pertenecer a partidos políticos y/o sindicatos. Coincide que está también prohibidísimo en el caso de las juezas, por mor de su independencia. Si a renglón seguido van a mencionar los casos de Margarita Robles y Baltasar Garzón, qué fácil, no nos queda más remedio que sacarlos aquí a relucir. Con la venia, se les halló a ambos inmersos en listas electorales en calidad de candidatos independientes, fueron encontrados luego la una convertida en toda una subsecretaria del Ministerio de Justicia primero, y segundo de Secretaria de Estado de otro Ministerio, concretamente el del Interieur; y el otro de delegado del gobierno con rango de secretario de Estado.

Subrayemos, llegados a este punto, que no tenemos constancia de juezas ni magistrados en listas sindicales, nothing. Asociaciones profesionales al margen, se entiende.

Ocurre tal que así: el legislativo se entromete en el judicial, que justo en ese momento se ve sorprendido y abocado no más a aguardar a conocer la lista de designados. Viene a ser lo mismo que elegidos y seleccionados.

Quienes lo son quedan convertidos ya para la posteridad en seres instalados en las más altas instancias de la magistratura, se deja de oír hablar de sus méritos e intachables trayectorias profesionales viéndose reducidos a la categoría de juez “de orientación progresista” versus magistrada “de inclinación moderada”. Simplista distinción de sensibilidades, habida cuenta del amplio abanico de orientación ideológica por el que se mueve la sociedad española, más de un tiempo a esta parte.

Cuando el poder judicial acude al legislativo en la forma humana de un fiscal general, también muy curioso, suele ser motivado por lo que ha salido publicado en los papeles.

No se lo van a creer, pero es el momento que aprovechan los que firmaron como Ciudadanos las 150 medidas previas a la investidura de Mariano Rajoy para llamarle “fiscal de gobierno”. Se habrán dado cuenta de que, tirando del hilo, se llega a que Maza jauna ha llegado adonde está a propuesta del responsable de Justicia, Rafael Catalá, que, por ende, trabaja como ministro en el gobierno de turno, el de Mariano Rajoy en segundas partes.

Haciendo memoria nos viene a la mente que, ya cuando en Moncloa se optó por él, se dijo que está situado en el bloque conservador. Un nombramiento discrecional del Gobierno, bendecido por el Consejo General del Poder Judicial.

En otro rato comentamos lo de actuar sin injerencias, imponer uno su propio criterio, no actuar al dictado de nadie y eso.