GASTEIZ. Artolazabal se ha pronunciado de este modo en una respuesta parlamentaria al portavoz del PP, Borja Sémper, quien pregunta si alguna de las personas detenidas en 2016 por presunta pertenencia a banda armada ha cobrado la RGI.
"El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, no dispone de ningún listado de personas detenidas por pertenecer a banda armada y, por tanto, no puede facilitar el dato requerido", contesta la consejera en la iniciativa.
En este sentido, recuerda que la pertenencia o no a un grupo terrorista no es un dato que conste en los expedientes de esta prestación gestionada por el Servicio Vasco de Empleo.
Ha explicado que Lanbide sólo es informado de esta situación cuando un juez determina el ingreso en prisión de manera preventiva o definitiva a un perceptor.
En esos supuestos, "inmediatamente" se procede a la suspensión cautelar de la ayuda, hasta decidir si se le retira o no definitivamente el derecho a cobrar la RGI.
Artolazabal hace hincapié en que esta prestación es un derecho subjetivo y que, por tanto, la cobran todos los demandantes que "cumplan todos los requisitos específicamente regulados para el acceso a la misma".
El pasado lunes, el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, consideró "intolerable" que varios presuntos yihadistas detenidos en los últimos días en Euskadi cobren ayudas sociales del Gobierno Vasco.
