EL aldabonazo que supuso el rotundo suspenso que cosechó nuestro sistema educativo en el informe PISA hecho público el pasado mes de diciembre no parece que haya surtido el mismo efecto en todos los llamados a enmendar esta situación.

Entonces, al calor de los resultados, se abrió un debate en el que todos sin excepción coincidieron en que se trataba de un asunto complejo que debía ser abordado integralmente. Cierto es que quien más quien menos arrimó el ascua a su sardina, pero los expertos en la materia advirtieron de que para enderezar el rumbo había que partir de un análisis detallado de esos resultados, huir de la autocomplacencia, desinstalarse del territorio confortable en el que creíamos habitar y aplicar medidas concretas que afectaban a todos los estamentos. A todos, a la administración, a las familias, al alumnado y (¡cómo no!) al profesorado.

Dos meses después, el Gobierno vasco ha expuesto sus planes, algunos en fase embrionaria y otros más detallados, sometidos a partir de ahora al debate público y a las aportaciones que otros estamentos puedan realizar. Pero hete aquí que los representantes sindicales del profesorado han puesto el grito en el cielo. La razón: se propone hacer una prueba específica (aún sin determinar) para el acceso a Magisterio y a los másteres que capacitan para dar clase en ESO, al tiempo que pone el acento en una revisión del papel del docente en el aula para dejar de ser un expositor de conocimientos y ahondar en el aprendizaje siguiendo la tendencia ya empezada en la universidad.

Pero los sindicatos creen que esa propuesta “culpabiliza” al profesorado de los malos resultados de PISA. No sé dónde está el agravio, pero parece lógico que, si estamos hablando de mejorar la educación, se mire a quien la imparte. No solo al profesorado, porque las medidas también afectan a otros (empezando por los deberes que se pone la propia administración, y siguiendo por los consejos de los centros), pero lo absurdo sería sacar de la ecuación a uno de los factores que más influyen.

La respuesta no ha sido solo verbal. Va más allá con la convocatoria de una huelga para el próximo 22 de marzo. Se supone, en versión sindical, que una mayor inyección de fondos públicos destinada a mejorar las condiciones laborales del profesorado es la vía adecuada para que el rendimiento del alumnado sea más elevado y puedan así revertirse los resultados de PISA. Ojalá fuera tan sencillo, pero la realidad es tozuda y precisamente lo que el informe revela es que somos los peores en aprovechar nuestra inversión si la comparamos con los resultados y, más importante aún, con el índice socioeconómico y cultural. Luego más dinero no garantiza mejores resultados.

Me parece que el profesorado, y sus representantes sindicales, son una pieza fundamental para que mejore la educación en nuestro país. Y precisamente por eso, no comprendo que se hayan puesto a la defensiva en cuanto han sido mentados (que no culpabilizados) como uno de los factores que deben ser revisados.