madrid - Fiscales en pie de guerra. Así se puede calificar la situación que se vive en el Ministerio Público después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenara que no se actuara contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), en contra del criterio de las fiscales que investigan las derivadas del caso Púnica en esta comunidad, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí vieron indicios suficientes para investigar a Sánchez.
Al malestar levantado por la actuación de Maza vinieron a sumarse ayer las declaraciones en la Cadena Ser del ministro de Justicia, Rafael Catalá, superior orgánico del fiscal general del Estado, que calificó de “anómala” la actuación de las dos fiscales, al tiempo que recordó que el presidente de Murcia no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica. Catalá aseguró que lo que no es normal es que los fiscales se nieguen a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se pedía que no se investigue al presidente murciano y que, además, hagan públicas estas desavenencias con sus jefes orgánicos. “Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes. Yo me pongo del lado de los jefes”, afirmó Catalá.
Por si la situación no estaba ya contaminada, El Mundo publicaba ayer que el fiscal general del Estado, y al igual que en lo sucedido en Murcia, ordenó que no se actuara con el expresidente de La Rioja y actual senador del PP, Pedro Sanz, por la construcción de un chalé en terrenos ilegales.
Ante las decisiones adoptadas por José Manuel Maza y las declaraciones posteriores del ministro de Justicia, las asociaciones de fiscales pusieron ayer en tela de juicio al fiscal general del Estado y reclamaron la necesaria independencia que deben de tener para investigar casos de corrupción. Así, para Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- , si un fiscal recibe una orden que considere contraria a las leyes o la estime improcedente debe hacerlo saber a su fiscal jefe.
Según la Asociación Profesional de Fiscales (APIF) el problema estriba en la defectuosa estructura jerárquica del Ministerio Público. A juicio de esta asociación, no se debe admitir que se ordene a los fiscales no investigar o no perseguir un posible delito. Mucho más beligerante se mostró la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que exigió la dimisión del ministro de Justicia por cuestionar la actuación de las fiscales García Cerdá y Gálvez. Asimismo, desde Jueces para la Democracia solicitaron que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y reivindicaron la necesidad de concienciar a los políticos en el respeto a la independencia judicial y la autonomía del fiscal.
También los partidos La situación originada por la actuación de Maza ha motivado que PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís hayan solicitado su comparecencia en el Congreso para que explique su decisión de no actuar tanto contra el presidente de Murcia como contra el ex máximo mandatario riojano. Tras tener conocimiento de la solicitud presentada por los grupos de la oposición, Maza aseguró que acudirá “encantado” a la Cámara baja, al tiempo que negó haber recibido ninguna presión para no actuar contra el presidente de Murcia.
José Manuel Maza, que se mostró sorprendido por el hecho de que el PSOE se sumara a la petición de su comparecencia en el Congreso, argumento la decisión de no actuar contra el presidente murciano porque “igual que hay multitud de asuntos de corrupción en los que la Fiscalía está investigando, hay casos en los que consideramos que un ciudadano no tiene que estar sometido al procedimiento penal”.
Pedro Antonio Sánchez. Las dos fiscales que investigan la trama Púnica en Murcia, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, se posicionaron a favor de investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por sus presuntas relaciones con el empresario Alejandro de Pedro, implicado en Púnica. La fiscal anticorrupción se posicionó en contra de la investigación por órdenes del fiscal general del Estado.
Pedro Sanz. Según publicaba ayer El Mundo, el fiscal general del Estado también impidió acusar al expresidente de La Rioja y actual senador del PP, Pedro Sanz, que está involucrado en la construcción de un chalé en terrenos ilegales. La causa fue finalmente archivada.