En Euskadi tenemos un problema. Tantas décadas de violencia han provocado cierta anestesia social hacia una exagerada presencia policial. Sí, tenemos muchos agentes de policía. Muchísimos. Repasemos: 7.661 ertzainas, 3.190 agentes municipales, 2.370 guardias civiles y 1.381 policías nacionales. Lo que resulta un ratio de 6,7 agentes por cada mil habitantes. Por comparar con el entorno europeo, ese mismo indicador nos coloca a la cabeza de Europa muy por encima de España (5,1), Italia (4,1) Francia (3,9), Alemania (2,9), Gran Bretaña (2,6) o los menos de dos policías por cada millar de ciudadanos en la modélica Dinamarca.

Vaya esta introducción de datos para explicar por qué las razones que esgrime el delegado del Gobierno español en Euskadi, Javier de Andrés, para reclamar más agentes de la Guardia Civil no se corresponden con la realidad. Ahora mismo las FSE tienen asignadas por ley en exclusiva tres áreas que tienen que ver con el control de puertos, aeropuertos, aduanas, fronteras o extradición; otra sobre la tenencia, transporte y autorizaciones relativas a explosivos y armas; y una tercera de carácter administrativo con la expedición de documentos, DNI, pasaportes, etc. Compartidas con la Ertzaintza, la lucha antiterrorista y el combate del narcotráfico. Para todo lo demás, está la Policía vasca.

Deberíamos coincidir todos en el diagnóstico a la luz de los datos: hay demasiada policía. ¿Por dónde recortar? Pues, contra lo que argumenta De Andrés, lo exagerado es la presencia de efectivos españoles. Su número, injustificado a la luz de las limitadísimas funciones que le atribuye la ley, solo puede explicarse por razones políticas: hacer visible la presencia de España en nuestros territorios.

Así pues, tenemos dos problemas que se concentran en uno que apuntan hacia la misma dirección. Por un lado, el problema político: la representación parlamentaria deja bien a las claras que, incluso más allá de lo que marca la legislación, la FSE no son mayoritariamente queridas por la sociedad vasca, que las ve como ajenas. Por otro, un problema administrativo: existe una duplicidad que dispara el gasto público.

Si combinamos dos noticias recientes, los recursos del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional por las Ofertas Públicas de Empleo en la Ertzaintza y la petición de más plantilla para la Guardia Civil en la CAV, el resultado es una contraofensiva policial española que no tiene ningún sentido en la Euskadi posterior a ETA. Sobra policía? y no es la nuestra.