Barcelona - A medida que se acerca la declaración, el próximo lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau como acusados por la consulta del 9-N, crecen las voces que contemplan un adelanto del referéndum independentista previsto para septiembre. Ayer fue el propio expresident de la Generalitat quien situó el mismo “en torno al verano”. Toda vez que descartó agosto por ser inhábil, la consulta podría tener lugar en junio o julio. “Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y, como agosto no puede ser, ustedes mismos”, aseguró.

La consellera Neus Munté especificó que dicho adelanto obedecería a circunstancias “excepcionales”. Pese a no citar la posible inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, admitió que “la obsesión de la judicialización no parece frenarse”. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, agregó que el eventual adelanto debería producirse “siempre en beneficio del objetivo de un referéndum con todas sus garantías. La fecha debe estar al servicio de la estrategia, de poder hacerlo y hacerlo bien”. Tras apostar por situar la consulta en verano, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras insistió ayer en que sería la “mejor respuesta” en caso de que inhabiliten a Forcadell.

En este contexto se sitúa el apoyo que, por la mínima, concederá la CUP al proyecto de presupuestos del Govern, un “sí condicional” que depende de la celebración del referéndum. La parlamentaria de esta formación Anna Gabriel tensó ayer aún más la cuerda y planteó situar la consulta sobre la independencia a finales de mayo, así como recabar apoyos a nivel nacional, estatal e internacional hasta marzo. “La fecha de septiembre la puso Junts pel Sí. Dijeron septiembre como muy tarde, y esto incluye como hábiles cualquiera de los meses previos”, dijo. Dicho apoyo de la CUP a las cuentas se visualizará la semana que viene, aunque la votación en el pleno se podría retrasar un mes por la petición de la oposición de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. Una dilación que la consellera de Presidencia Neus Munté calificó ayer de “irresponsable”.

Mientras, el proceso soberanista sigue cumpliendo etapas y hoy tendrá lugar en el Parlament la segunda reunión del Pacto Nacional por el Referéndum, que aúna partidos y entidades favorables a una consulta soberanista, y en la que el Govern espera que se ratifique el manifiesto fundacional que aboga por una consulta pactada con el Estado. Una vía que los implicados están decididos a completar pese a que a nadie se le escapa que está condenada al fracaso. El presidente español, Mariano Rajoy, lo certificó ayer una vez más al asegurar que la consulta no se va a celebrar porque no es posible. “Francamente, no se puede. Ningún español puede ser privado de su derecho a decir lo que quiere que sea su país y, desde luego, España es lo que digan todos los españoles y no solo unos cuantos”, señaló. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría incidió en que el referéndum “es exactamente igual de inconstitucional” se adelante o no su fecha. Respecto a la polémica por las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, Oriol Junqueras dará explicaciones sobre las mismas el día 15 en una comisión del Parlament.