madrid -La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que continúe las actuaciones procesales emprendidas para intentar la depuración de responsabilidades penales en los atentados de ETA no resueltos, que se estima superan la cifra de trescientos.

Así lo plantea en el estudio Los derechos de las víctimas de ETA. Su Situación actual, encargado en abril de 2015 por el Congreso de los Diputados y que la Defensora ha presentado en las Cortes, con 17 recomendaciones al Gobierno español y a la Fiscalía General para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por los atentados de la banda.

Comenta que el número de crímenes de ETA no resueltos “es aún elevado, realidad que agrava la dolorosa situación de los familiares afectados y de los heridos”, y la dispersión de archivos en los que se encuentra documentación relevante sobre los mismos dificulta el conocimiento por las víctimas de los casos que les afectan. No obstante, Becerril recuerda que en 2015, en paralelo a la admisión a trámite de una queja interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, solicitó a la Fiscalía un análisis de los casos “en los que procedan actuaciones procesales para intentar la depuración de responsabilidades penales” de los 377 crímenes de ETA que se estima existen sin resolver.

Ahora la Defensora del Pueblo solicita a la Fiscalía evitar la prescripción de dichos atentados y ejercer las iniciativas pertinentes en el procedimiento de extradición de aquellos etarras que no estén a disposición de la justicia española y tienen causas judiciales pendientes en España. Asimismo, reclama que valore la conveniencia de profundizar en la aplicación del concepto jurídico de crimen de lesa humanidad al terrorismo de ETA.

Al Ministerio del Interior le reclama analizar las posibilidades de perfeccionamiento de la ley para equiparar las indemnizaciones de estas víctimas a las de aquellas cuyos victimarios sí fueron condenados. - Efe