bilbao - La mayoría política y social de Euskadi, representada por los partidos PNV y EH Bildu y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas instaron ayer a los gobiernos español y francés, de forma predominante al Ejecutivo de Mariano Rajoy, a que se impliquen en un “desarme ordenado, controlado, seguro y transparente de ETA”. Apenas 48 horas después de que la justicia gala pusiera en libertad bajo control a las cinco personas detenidas en el caserío de Luhuso, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi; y los líderes sindicales de ELA y LAB, Txiki Muñoz y Ainhoa Etxaide, comparecieron de forma conjunta ante la prensa en Bilbao para dar cuenta de un comunicado -suscrito también por Podemos Navarra, ESK, Steilas y Geroa Bai- en el que fijaban su posición ante la última operación policial desarrollada en Iparralde y la forma en que a su juicio se debe proceder para lograr un cierre ordenado al desarme de ETA.
A través de una nota de cuatro puntos, los partidos y sindicatos expresaron su satisfacción por la puesta en libertad de los arrestados y por el compromiso demostrado por cientos de electos y cargos institucionales, lo que, a su entender, explica en buena medida la decisión final adoptada por la Justicia francesa.
Asimismo, desde esta mayoría política y social vasca se “requiere a los gobiernos español y francés a que asuman su responsabilidad y coadyuven a un desarme ordenado, controlado, seguro y transparente en la línea con los estándares internacionales que se aplican en casos similares”.
Por otro lado, los partidos y sindicatos vascos consideran que para la tarea de un desarme ordenado y controlado son necesarios instrumentos de verificación independientes como la existente Comisión Internacional de Verificación (CIV), que, según señalan, “es reconocida por nuestras instituciones, los partidos y por organizaciones representativas de la sociedad vasca”.
En este sentido hay que recordar que tres miembros de la CIV, Ram Manikkalingan, Ronnie Kasrils y Chris Maccab, tuvieron que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en febrero de 2014 tras una rueda de prensa celebrada en Bilbao en la que dieron cuenta de la inutilización de una ínfima parte del armamento que aún estaba en poder de la banda.
Gobiernos vasco y navarro Por último, estos partidos y sindicatos apuestan también por la implicación de los Ejecutivos de la CAV y Navarra. En concreto señalan que “dadas sus competencias en materia de seguridad -de ambos ejecutivos-, puedan contribuir a que ese desarme se desarrolle con éxito. Consideramos que los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea, así como la Mancomunidad que va a constituirse en Iparralde, deben tener la posibilidad de hacer un seguimiento de ese proceso”.
Asimismo, esta mayoría política y sindical muestra su convencimiento de que “ la adecuada articulación entre instituciones representativas, instancias de verificación y las organizaciones representativas de la sociedad civil puede contribuir sobremanera a culminar con éxito este proceso de desarme”.
Podemos e IU El comunicado suscrito por PNV, EH Bildu, ELA y LAB no fue el único que sobre esta cuestión se hizo público ayer, puesto que Podemos Euskadi, Podemos Navarra, Ezker Anitza, Equo Euskadi, IU Nafarroa y Batzarre hicieron su propia nota. Según explicó el secretario de Organización en la CAV, Lander Martínez, no respaldaron la nota de las formaciones abertzales al considerar que se quedaba “corta”, puesto que además de emplazar al Gobierno español y al francés a adoptar medidas para facilitar el desarme, también consideraban que había que hacer algún emplazamiento en este sentido a ETA. Es paradójico que la formación morada no firmara un comunicado que sí fue suscrito por sus compañeros de Navarra y la agrupación local de Donostia.
En este segundo comunicado, las fuerzas firmantes señalan que el tiempo transcurrido desde el anuncio del fin de la actividad de ETA “ha estado marcado por avances en el reconocimiento -aunque aún incompleto- de todas las víctimas, en la construcción de una memoria inclusiva de todos los sufrimientos, y en el esclarecimiento del pasado o en la reconstrucción del tejido social”. No obstante, alertan de que “también se están dando algunos bloqueos”, entre los que citan la situación de los presos o el del desarme y disolución de ETA.
Los partidos que firman el texto aseguran que es responsabilidad de ETA proceder al desarme, “pues fue ella la que se hizo con las armas”. Sin embargo, advierten de que el Gobierno español “tiene el deber político y moral de facilitar este proceso”. A su juicio, esa labor “puede y debe hacerse en un marco de colaboración recíproca con los gobiernos vasco y navarro”. Además, consideran que el papel de las organizaciones sociales “no es suplir la inacción de los agentes señalados”, sino generar “el clima social que precisamente haga que el desarme se lleve a cabo ya y que se haga de una forma eficaz, segura y con garantías”. Por último, también muestran su disposición a trabajar por un acuerdo “lo más amplio y transversal posible”, que sume a las fuerzas políticas, sindicales y sociales “comprometidas con estos procesos”.
