La operación policial conjunta entre la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y la Guardia Civil vuelve a evidenciar que los gobiernos de Madrid y París se mueven en la misma sintonía. Ni la decisión de ETA de cesar de manera definitiva su actividad violenta en octubre de 2011 ni los contados y medidos anuncios posteriores de la organización armada, como el de desmantelar sus estructuras, han servido para que ninguno de los dos varíe su posición, aunque esta relación de seguidismo, cada vez más cuestionada en el Estado francés, ha estado en el alero en algunas ocasiones.

Iparralde, que en los últimos años ha canalizado de manera unánime sus demandas políticas frente a El Elíseo, lleva varios años con su propio camino en pacificación. A diferencia de los partidos de la CAV -donde el PP y UPN rechazaron oír hablar de Aiete-, todas las formacioens asistieron a la conferencia de 2011.

No solo acudieron los representantes abertzales, sino que dirigentes de la derecha (entonces la UMP), el centro (el MoDem) y la izquierda (el PS) acudieron a Donostia el 17 de octubre de 2011, cuatro días antes del anuncio de ETA y apenas un mes antes de la victoria de Mariano Rajoy por mayoría absoluta, que coincidió unos meses con Nicolas Sarkozy al frente de la presidencia francesa.

Sarkozy fue derrotado en mayo de 2012 por la que entonces era gran esperanza de la izquierda europea, François Hollande, pero la postura de ambos ejecutivos frente a ETA no varió. Con el exministro francés del Interior de origen catalán, Manuel Valls, como primer ministro, tampoco; aunque al igual que funcionarios del Ministerio de Justicia -del que, a diferencia de España, dependen las cárceles galas-, la ministra Christiane Taubira se mostró incómoda con el seguidismo policial y penitenciario a un ministerio extranjero y, además, de otra rama (Interior).

Agentes que trabajan para el final definitivo de ETA reconocieron que la vía francesa tomaba cuerpo. El abogado sudafricano Brian Currin llevó a los asesores del Grupo Internacional de Contacto a Iparralde, donde de la mano de Bake Bidea se aprobó en octubre de 2014 una declaración histórica, la de Baiona, suscrita por políticos tanto abertzales como unionistas y que instaba a resolver las consecuencias pendientes del conflicto armado.

El propio Currin había verbalizado una de las solicitudes principales: adecuar la legislación para facilitar este proceso de desarme, y abordar el futuro de los presos y de los huidos. Fue una reclamación que se escuchó, junto a testimonios de víctimas, en la Conferencia Humanitaria que en junio de 2015 se celebró en la Asamblea Nacional de París. Entre las personalidades que se dieron cita se encontraba el presidente de la Liga de Derechos Humanos, Michael Tubiana, que el viernes iba a estar presente en la destrucción del 15% del arsenal de ETA y que terminó con la detención de otras cinco personas y un nuevo obstáculo en la vía francesa.