Como el río Guadiana al que Heráclito vería aparecer y desaparecer, Euskadi puede volver a Loiola. Al acuerdo a tres que cerraron en 2006 el PNV, Batasuna y el PSE. Al pacto que duró una semana. Al acuerdo que sin hablar de independencia, la recogía, y que sin citar el derecho a decidir, lo contemplaba. Un pacto que llamaba a activar un órgano institucional vasco-navarro y a reformar el Estatuto de Gernika, el Amejoramiento navarro y hasta la Constitución española para que aquellos proyectos que no pudieran realizarse por las cortapisas legales, tuvieran cauces jurídicos si la ciudadanía lo decidía. Un documento que diez años y un mes después de aquel 31 de octubre, irrumpe en la política vasca vía Ajuria Enea.

El presidente PNV, Andoni Ortuzar, ofreció el jueves esta interpretación sobre el apartado del autogobierno que se recoge en el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PSE: “En gran medida se inspira en papeles de Loiola”. El viernes la líder del PSE, Idoia Mendia, evitó pronunciarse sobre la inspiración, pero como los socialistas que se sentaron en la Casa Arrupe, insistió en el respeto al cauce legal.

“Siempre he pensado que en esos papeles está la base de un acuerdo político integrador de la izquierda abertzale en las instituciones”, señaló el socialista Jesús Eguiguren a Luis R. Aizpeolea en el libro ETA. Las claves de la paz, donde en 2011 abrió la puerta a recuperar un acuerdo que, pese a frustrarse, fue histórico: “Si la izquierda abertzale apostara por la paz, ¿por qué no? Sería la solución y creo que es lo que hay que hacer”.

A “esos papeles” se llegó mediante una docena de reuniones que no estaban contempladas en la hoja de ruta de aquella tregua que declaró ETA. La que rompió en la T-4.

Imaz, Urkullu, Otegi, Eguiguren... Nueve personas se sentaron en la mesa. Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu por parte del PNV; Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, sustituida después por Arantza Santesteban, por Batasuna; y Rodolfo Ares y Jesús Eguiguren, que cuando viajó a Ginebra a la mesa entre ETA y el Gobierno español fue relevado por José Antonio Pastor, por el PSE.

Eran encuentros tan confidenciales que la gran mayoría de los moradores de la casa próxima a la basílica las desconocían. Todos salvo algunos responsables jesuitas que, tras el acuerdo del 31 de octubre, esperaron la siguiente cita del 8 de noviembre con una botella de champán a remojo, como recuerda Imanol Murua en Loiolako Hegiak. Con la Iglesia como testigo, había fumata blanca.

Mientras ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -que por mediación de Ares tenía información sobre Loiola en tiempo real- apuraban las pocas opciones de éxito del carril paralelo de negociación, el PNV, el PSE y Batasuna cerraron a finales de octubre un documento que durante una semana a punto estuvo de arrastrar al segundo carril a la solución y de revolucionar Euskal Herria, cuya definición social, económica, lingüística, histórica y cultural se asumió en el pacto. También el PSOE.

Un escenario que miraba de reojo a una Catalunya envuelta por la tormenta en torno al término “nación” que recogía el nuevo Estatut. El mismo texto del que Alfonso Guerra se jactó en abril de 2006 de haberlo “cepillado como un carpintero durante la comisión” de la Cámara baja.

Meses después en Loiola, cuyo camino emerge como uno de los propuestos para la ponencia de Autogobierno, todo era más discreto. Sin hablar de derecho a decidir, se recogía el compromiso “a defender que las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado”. Otras palabras de un campo semántico compartido.

Sin hablar de independencia, “el acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no solo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia, sino que pueden ser materializados si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía vasca expresado a través de los procedimientos legales”.

Unos cauces en los que, diez años después, Mendia insistió el viernes en dos ocasiones. “Yo no estuve en Loiola y no lo conozco... Hemos hecho un gran esfuerzo para acordar un texto dentro de los cauces legales, que la reforma se haga dentro de la ley y que se trabaje en la ponencia”.

La legalidad a la que sin rupturas el propio Urkullu -que aspira como mínimo a un acuerdo entre tres diferentes- apela era la gran línea roja del PSE en Loiola. Por eso, el texto de 2006 recogió el compromiso de defender las reformas del Estatuto de Gernika, el Amejoramiento navarro e incluso una Constitución española sobre la que los principales líderes españoles ya debaten. Y con dos agentes que hace diez años no se sentaban en la Carrera de San Jerónimo: Ciudadanos y Podemos, que por el momento defiende la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir.

Institución vasco-navarra En ese hipotético nuevo marco legal que se debía impulsar tras 2006 tenía su encaje una de las grandes novedades del acuerdo: un “órgano institucional común” vasco-navarro. Los socialistas, que trabajarían por sumar al PSN al acuerdo, e izquierda abertzale pugnaron ante la mirada del PNV: los primeros cedían a ese órgano una capacidad de impulsar propuestas legislativas que las Cámaras de ambas comunidades deberían tramitar llegado el caso, mientras que los segundos reclamaban que tuviera mayor competencia legislativa e incluso ejecutiva.

Subyacía la tensión provocada por una estructura territorial que fue motivo de otra de las grandes discusiones. Batasuna rechazaba esa realidad porque era fruto de la división impuesta por los Estados -a quienes, según la izquierda abertzale, correspondía arreglarlo- y los socialistas, por su parte, reclamaban que Batasuna asumiera ya el escenario jurídico. Hubo acuerdo: un órgano con “atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico”.

Los detalles quedaron para el pacto definitivo, pero casi todo estaba recogido en aquel texto nonato. También el compromiso de trasladarlo a los ordenamientos jurídicos y a someterlo “en última instancia” a referéndum. A la introducción le seguían tres apartados: las “bases políticas del futuro acuerdo”, un “esquema general del proceso democrático de diálogo multilateral” -metodología sobre quiénes y cómo dialogarían, donde se contempló una conferencia de paz- y el protocolo para la gestión del propio acuerdo, además de un anexo, que era la base del manifiesto que se leería tras esa conferencia de paz que, como idea reformulada, se rescató con otro enfoque en octubre de 2011.

Batasuna se desdice Pese a las doce reuniones entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre, el acuerdo no prosperó y el champán que los jesuitas guardaron el 8 de noviembre tuvo que esperar a mejor ocasión. Batasuna, que en la cita del 31 -la del acuerdo del borrador- había exigido que en la de la siguiente semana y tras las consultas de cada uno con sus ejecutivas solo se permitirían cambios técnicos de menor calado, se desdijo.

La delegación que lideró Otegi quiso forzar ese acuerdo de mínimos por su desconfianza hacia el PSE y convertirlo en otro resolutivo. Los socialistas que no podían avanzar más en aquel momento se plantaron al ver además a ETA tras esa vuelta de tuerca que, a su entender, en lugar de profundizar en lo acordado, lo revertía. Tras la contrapropuesta del PSE, el PNV intentó sin éxito otras dos propuestas.

Las posiciones se fueron distanciando casi hasta hoy, cuando la hace diez años imposible Loiola emerge como el Guadiana. Con las mismas siglas en el tablero, pero partidos diferentes. También los líderes. Justo cuando PNV y PSE aprueban abrir el melón estatutario. Cuando EH Bildu reivindicó durante la campaña el Plan Ibarretxe. Con nuevos horizontes en Gasteiz. En Iruñea. En Madrid. En Barcelona. En Edimburgo. Y en París. El río del que teorizó Heráclito será el mismo, pero sus aguas nunca serán dos veces iguales. Ni aunque uno se vuelva a bañar en el mismo punto. Un lugar que puede ser Loiola.