barcelona - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; y el expresidente Artur Mas denunciaron ayer que el Congreso de los Diputados escribe una “página vergonzante de su historia” al aprobar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra el portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta soberanista del 9-N. En concreto, el jefe del Ejecutivo catalán advirtió de que este tipo de decisiones dificultarán el diálogo del Gobierno con Catalunya.
La advertencia se produce en un contexto en el que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, intenta con gestos simbólicos, aunque de momento vacíos de contenido políticos, camelar al Govern catalán para que aparque su proceso soberanista y se avenga a dialogar en otros parámetros. Rajoy facultó a la número dos de su gobierno con plena libertad para negociar con vascos y, sobre todo catalanes, e intentar encarrilar las demandas nacionalistas de unos y otros.
En una comparecencia pública en Madrid frente a la Cámara Baja, y rodeados de diputados y senadores contrarios al suplicatorio y procedentes de distintas formaciones políticas, Puigdemont, Mas y Junqueras apoyaron a Homs, también presente, y denunciaron que con este tipo de debates en el Congreso “el voto de los ciudadanos va a ser violentado e invalidado”, algo de lo que han acusado directamente a PP, PSOE, PSC y C’s, que son los grupos que van a votar favorablemente al suplicatorio.
“Hoy, PP, PSOE, PSC y Ciudadanos pasarán por encima de la voluntad de los votantes. Llenarán de más piedras la maleta del diálogo e irán en la dirección contraria a lo que es necesario”, alertó el presidente Puigdemont. A su juicio, el suplicatorio y el juicio al que fuera portavoz del Govern catalán son “un sinsentido y una vergüenza para España entera. Y es que a Francesc Homs se le juzga por defender la esencia de la democracia”, subrayó Mas.
Además del Gobierno catalán, Homs fue respaldado en las escalinatas del Congreso por las formaciones políticas que no están de acuerdo con aprobar el suplicatorio, entre ellos diputados y senadores de la antigua Convergència, ERC, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, PNV y Bildu.
Ante las reiteradas acusaciones de “judicialización” del proceso independentista, Mariano Rajoy manifestó ayer en el Senado que “en España nadie va a los juzgados por sus ideas”, porque la libertad de pensamiento y la libertad de expresión están “protegidas”. “Luego hay cosas diferentes a las ideas, los actos contrarios a la ley y, cuando alguien la vulnera, la justicia actúa”, ha continuado. Esta declaración la hizo en respuesta a una pregunta realizada por ERC en la Cámara alta relativa a la suspensión de empleo y sueldo por el Consejo General del Poder Judicial al juez Santiago Vidal, portavoz de Esquerra en el Senado, por participar en la redacción de una Constitución catalana.
El día de ayer dejó negativas noticias para el Govern y los partidos que lo sustentan y todas ellas remiten a la judicialización de la política. A las de Vidal y Homs se le sumó la relativa a la actual presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, que conoce ya la fecha para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigada en el proceso penal abierto contra ella por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). Declarará el próximo 16 de diciembre, tal y como vien recogido en una providencia hecha pública ayer por la Sala Civil y Penal del TSJCque también cursó las primeras citaciones de testigos. Así, el miércoles 30 de noviembre están llamados el entonces secretario general de la Mesa de la cámara, Pere Sol, y el letrado mayor de la Mesa.
El TSJC investiga a Forcadell por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación al haber permitido votar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese a la advertencia del Tribunal Constitucional.
Sobre la afección de estos tres casos a un eventual diálogo con el Gobierno español, la portavoz del ejecutivo catalán, Neus Munté, afirmó ayer que “solo escuchamos palabras, invitaciones al diálogo, pero necesitamos hechos” y añadió que “nos hemos ganado el derecho” a mantener una “relación bilateral” con el Gobierno “teniendo en cuenta el camino que hemos hecho hasta ahora”. - DNA