gasteiz - El Gobierno Vasco aprobó ayer un decreto que obligará a los altos cargos públicos a pedir una autorización para trabajar en la empresa privada durante los dos años posteriores a su cese en la Administración. El decreto, que refunde y aglutina lo recogido en tres normas diferentes, establece además que estas personas tendrán que declarar las actividades públicas y privadas desarrolladas dos años antes de su trabajo en la Administración y también durante los dos ejercicios posteriores a abandonar su responsabilidad política. Deberán, además, presentar una declaración de bienes, y demostrar que familiares y personas cercanas a ellos no generan conflictos de intereses relacionados con su cargo público.
Con este decreto el Gobierno Vasco pretende aumentar la transparencia y poner coto a las conocidas como puertas giratorias, una práctica habitual en la esfera política y que genera suspicacias por cuanto exaltos cargos terminan en los consejos de administración de empresas a las que han podido beneficiar en función de su desempeño público.
Los ejemplos son innumerables en todo el Estado y también en otros lugares, y de hecho el más escandaloso de los casos recientes es el del expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que pasó casi sin solución de continuidad de su despacho público de Bruselas al de Goldman Sachs International.
Con la medida adoptada ayer por el Consejo de Gobierno se trata de poner coto a estas prácticas, y además se pretende dar un “salto cualitativo en materia de transparencia y publicidad activa”, al incluir la obligación de publicar en la página web del Gobierno Vasco numerosa información nueva sobre sus cargos públicos para que puedan ser consultados por la ciudadanía, informa Efe. Así, se podrá consultar en Internet su perfil y trayectoria académica, experiencia profesional y si ha cobrado en alguna ocasión indemnización por un cese como cargo público y la cuantía, entre otros datos. También se publicarán las bases imponibles de la declaración de IRPF y, en su caso, del patrimonio de todo el personal cargo público.
El decreto establece además que cada seis meses se envíe un informe al Parlamento Vasco con las infracciones cometidas por cada cargo público, así como las sanciones que haya derivado de las mismas.
El decreto se aplicará a todas las personas incluidas en el catálogo de cargos públicos, entre ellos los miembros del Gobierno, y supone un “impulso definitivo” para la eliminación del papel ya que a partir de ahora la relación entre las administraciones y su personal será “única y exclusivamente online”.- DNA
Obligaciones. Los altos cargos deberán pedir permiso para pasar a la empresa privada en los dos años posteriores a su cese, y además tendrán que rendir cuentas de su patrimonio, ingresos y actividades tanto en los dos ejercicios posteriores a su actividad pública como en los dos anteriores. Deberán demostrar también que entre sus familiares y allegados no hay conflictos de intereses con su actividad pública.
Transparencia. Los datos sobre patrimonio e ingresos de los altos cargos se publicarán en la web del Gobierno Vasco.
