madrid - Jueces para la Democracia (JpD) criticó ayer con dureza las trabas que el Estado ha venido poniendo a la causa sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, cuyo último ejemplo es la orden de la Fiscalía General del Estado para suspender las declaraciones de 19 investigados ordenadas por la jueza instructora María Servini. La asociación, una las mayores de España junto con la APM, denunció que las instituciones “siguen haciendo dejación” de sus funciones, lo que permite que aún queden “decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes”.

En un comunicado, JpD consideró “inadmisible” que un Estado democrático siga “negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado” y que no se pueda dar un “cumplido homenaje y protección” a aquellas personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la “posterior represión franquista”. El pasado septiembre, el Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados los exhortos que la juez argentina remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación con crímenes contra la humanidad durante la dictadura. Ello incluye al que fuera ministro de Gobernación entre 1976 y 1979, Martín Villa, y al exmiembro de las Fuerzas Armadas Jesús Muñecas.

En la primera semana de octubre, la fiscal general del Estado remitió a dichos juzgados una orden para suspender dichas declaraciones, lo que provocó de facto que el 4 de octubre la titular del juzgado número 4 de Oviedo suspendiera el interrogatorio previsto al ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias, como denunciante de estos crímenes. A preguntas de DNA, portavoces de JpD y la APM aseguraron entonces que los jueces tienen plena libertad a la hora de atender las peticiones de Servini, al margen de la opinión de la Fiscalía.

En un comunicado, JpD armó ayer este argumentario de razones jurídicas. Así, recordó que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU insta al Estado español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. Subrayó además que España es el segundo país, después de Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados.

Asimismo, enfatizó que la Fiscalía General del Estado está obligada por el Derecho Internacional, en concreto por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, a prestar asistencia mutua en materia penal: “El único límite para denegar la asistencia es que no haya un interés de la Justicia. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia”.

Valle de los Caídos Por otro lado, el grupo del PNV en el Senado ha reclamado al Gobierno español que inicie los trabajos de “resignificación” del Valle de los Caídos para que “pase a ser un exponente de la verdad de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura” y se perpetúe “la memoria de todas las personas allí enterradas en clave de respeto e igualdad”.