Madrid - Poco ha tardado Ciudadanos en flexibilizar las exigencias para un apoyo al PP en la investidura. Si hace unos pocos días la formación naranja advertía de que no se podía tocar “ni una coma” de las condiciones planteadas para el sí a Mariano Rajoy, ayer dio muestras de haber rebajado sus líneas rojas a las primeras de cambio en un tema clave como el de la corrupción, que se suponía intocable para los de Albert Rivera. Así, el vicesecretario general, José Manuel Villegas, expresó que “hay que distinguir” entre la corrupción política y la prevaricación, ya que esta última, “aunque sea reprobable”, no siempre conlleva un enriquecimiento ilícito.
Ciudadanos, por tanto, cede ante los postulados del PP y suscribirá un “pacto nacional” contra la corrupción con excepciones y distinciones entre la corrupción y la prevaricación, que no será sancionada en todos los casos. Ahora, las dos formaciones tratan de definir esos dos conceptos para rubricar un acuerdo que, según Villegas, “daría confianza a los ciudadanos” y estaría por encima de la “lucha política”. El vicesecretario general explicó que su partido quiere apartar de sus cargos institucionales a los que se han enriquecido ilícitamente o han participado en una trama de financiación ilegal de formaciones políticas y defendió que, a nivel nacional, exigirán lo mismo que en anteriores negociaciones en comunidades como Andalucía, Madrid o Murcia, donde han favorecido gobiernos de socialistas y populares.
Sin embargo, en esta ocasión la formación naranja sí se ha visto obligada a suavizar sus pretensiones y así lo admitió el mismo Villegas al precisar que, si un cargo público comete fraude o delito fiscal, habría que pedir su dimisión, pero no se le aplicaría el pacto anticorrupción. Por tanto, el infractor sufriría “consecuencias jurídicas y políticas”, pero no sería juzgado por delito de corrupción.
Todos estos pormenores de la negociación en materia de corrupción se enmarcan en el caso del diputado popular, Óscar Clavell, que está siendo investigado por los delitos de prevaricación, malversación y fraude por su labor como alcalde del municipio castellonense de La Vall d’Uixó. La juez encargada del caso aprecia infracciones en el pago de más de 707.000 euros en facturas a una empresa de limpieza y transporte de residuos, a pesar de que Clavell había sido advertido de que ese desembolso de dinero público no se estaba ejecutando correctamente.
Respecto a este asunto, el PP de Castellón aseguró ayer que el comportamiento del actual diputado “nada tiene que ver con la corrupción, sino con su labor como alcalde” y defendió que “su rectitud, su honestidad y su honorabilidad” están fuera de toda duda. “La verdadera lástima es que la oposición, en lugar de buscar el seguir avanzando, esté buscando un PP que ya no existe”. Ciudadanos, por su parte, no quiso dar demasiada importancia a la imputación de Clavell. “Hay que separar lo que es meter la mano de lo que es meter la pata” y a los que “se llenan los bolsillos de dinero público” de los que “firman un documento que supone una falta administrativa”, declaró el secretario de Organización, Fran Hervías.
bloqueo en dotaciones Mientras tanto, la negociación entre PP y Ciudadanos avanza lentamente y, según denunció ayer esta última formación, ha encallado en algunos aspectos como el de la dotación económica y los plazos de ejecución para aplicar algunas medidas sociales, que los de Rajoy no se quieren comprometer a fijar. Con lo cual, la formación naranja se niega a firmar ningún acuerdo hasta que no cuente con una partida concreta para un plan de choque social, los permisos de maternidad y paternidad, y la mejora de la educación de cero a tres años.
El PP replica que hay que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y los compromisos con Europa, lo que complica todo lo relacionado con fijar las dotaciones económicas para las medidas que acuerden ambos partidos durante la negociación. Además, el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, añadió otra negativa a la negociación con Ciudadanos: los populares no quieren celebrar primarias, tal y como la formación naranja les exige.
