donostia - Arnaldo Otegi acatará la decisión del Tribunal Constitucional si finalmente resuelve inhabilitarle e impide que figure en las listas electorales para los comicios autonómicos del 25 de septiembre. Si el alto tribunal decide que no puede presentarse a las elecciones, señaló que no tendrá “más remedio” que estar fuera de las listas y dejar paso a otro compañero o compañero de la coalición aber-tzale. El candidato de EH Bildu a lehendakari ha decidido no llevar hasta el final de la campaña electoral el pulso judicial que amenaza con sacarle de la carrera electoral hacia la Lehendakaritza, aunque, en cualquier caso, seguirá haciendo campaña hasta el mismo día de las elecciones “diga lo que diga” el alto tribunal español.

Otegi anunció sus intenciones ayer en el Palacio Miramar de Donostia durante el acto de presentación de la número dos en las listas de su coalición por Gipuzkoa, la periodista Maddalen Iriarte. Pese a que los precedentes judiciales en materia de impugnación de listas electorales de la izquierda abertzale no invitan a pensar que el Tribunal Constitucional vaya a indultarle en esta ocasión y permitir que pueda concurrir en listas, el líder de la formación se mostró ayer optimista y dijo que está “absolutamente convencido” de que estará en el Parlamento Vasco la próxima legislatura. Para ello se apoya en el caso de su compañero de filas Iker Casanova que, matices al margen, pudo pasar el filtro y ocupar un asiento en la Cámara de Gasteiz con una sentencia judicial y una trayectoria parecidas.

Esta vez Otegi no dirigió reproche alguno al lehendakari Iñigo Urkullu a quien la víspera le pidió que entrara a hacer de juez y garantizara su concurso como candidato en las elecciones autonómicas. Ayer empleó otro tono y con su anuncio de sometimiento a lo que los tribunales vayan a decir rebaja la tensión y desactiva en parte los mensajes de victimismo que le llegan desde otros partidos. En cualquier caso, la cuestión de su inhabilitación le ha devuelto un protagonismo tras el declive de su formación en las últimas contiendas electorales. De hecho Otegi capitaliza y, previsiblemente, capitalizará la imagen de contestación a lo que denomina “represión política” del Estado y esto puede ser un factor aglutinador de la izquierda abertzale en este momento de horas bajas, al menos desde la perspectiva electoral.

Mientras no se confirme su inhabilitación, Otegi está determinado a encabezar la lista de EH Bildu por Gipuzkoa “con absoluta normalidad democrática y sin que suponga un ejercicio de provocación y un ejercicio de crispación, sino de absoluta normalidad democrática”.

Durante su intervención, arremetió contra el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, porque “dice, desde su posición en el Ejecutivo, lo que va a resolver el Poder Judicial”, esto es, anular la candidatura. En este sentido, manifestó que en términos jurídicos la única manera de impedir su candidatura es “haciendo trampa, desdiciendo toda la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional”.

La Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa dispone ya de toda la documentación remitida por la Audiencia Nacional sobre el candidato Otegi y examinará el 23 de agosto si puede concurrir o no a las elecciones del 25 de septiembre. El órgano electoral no entrará en el fondo del asunto y se limitará a comprobar si hay una sentencia firme de inhabilitación contra el aspirante de la coalición soberanista, una de las causas de inelegibilidad para presentarse a los comicios, según informó a Europa Press.

La Junta Provincial ha recibido el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que se declara la “inelegibilidad” de Otegi para cargo público, aunque precisan que el órgano electoral ya tenía en su poder toda la documentación necesaria para determinar si el secretario general de Sortu podía ser candidato. En concreto, el Ministerio Público reclamaba que “a la mayor urgencia posible” se enviaran a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a las de los Territorios Históricos la sentencia de la Audiencia Nacional, la del Tribunal Supremo que le dio firmeza, la liquidación de condena reflejada en una providencia de enero de 2013 y el auto de 2016 en que se rechazó un recurso de Otegi contra la inhabilitación.

El pasado mes de mayo, la Junta Electoral Central ya remitió a la Junta de Gipuzkoa, al igual que al resto de órganos electorales vascos, las sentencias condenatorias de Otegi por el caso Bateragune, por reconstruir la ilegalizada Batasuna, y el auto del 18 de enero de 2016 por el que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional confirmaba, en ejecución de la pena, que el exdirigente de Batasuna no podrá tener ningún cargo público hasta el 28 de febrero de 2021.

En dicha resolución, el tribunal rechazó el recurso planteado por la defensa de Otegi, contra la ejecución de la pena de seis años y medio de inhabilitación para cargo público y para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo. La abogada Jone Goirizelaia argumentó que en la sentencia condenatoria no se especificaban “los empleos, cargos u honores sobre los que recae la inhabilitación”. Una vez rechazada su argumentación, no impugnó ante el Tribunal Supremo el auto de la Audiencia Nacional. En línea con el argumento de su entonces letrada, Otegi apuntó ayer que las penas de inhabilitación para sufragio pasivo son condenas accesorias y concluyen con la pena de prisión.

El proceso de inhabilitación de Otegi está lanzado desde el momento en que la fiscalía de la Audiencia Nacional remitió a todas las instancias judiciales afectadas el informe que defiende la “inelegibilidad” de Otegi y terminará el próximo 9 de septiembre. La semana que viene se reunirá la Junta Electoral de la CAV, después de que EH Bildu presente su candidatura. Deberá decidir entre el 23 y el 29 de este mes y su decisión será recurrida por la parte perdedora. A partir de entonces, la fiscalía, los partidos o la propia EH Bildu tendrán dos días para recurrir la decisión de la Junta Electoral y será el Juzgado de lo Contencioso de Donostia la que resolverá la impugnación antes del 2 de septiembre. La última estación será el Tribunal Constitucional que tendrá que resolver antes del día 8, víspera del arranque de la campaña electoral.