madrid - En vísperas de que el líder del PP, Mariano Rajoy, reanude los contactos políticos para su investidura, el Congreso y Senado tendrán que decidir esta semana si dan luz verde a los dos grupos parlamentarios solicitados por el Partit Demòcrata Català, la antigua Convergencia. Las Mesas del Congreso y el Senado acordaron el pasado miércoles aplazar su decisión supuestamente bajo criterios jurídicos, aunque coincidió con la decisión del Parlament de Catalunya de abrir la vía a una declaración unilateral de independencia.
Ana Pastor, presidenta del Congreso, negó sin embargo que el aplazamiento tuviera nada que ver con lo ocurrido en el Parlament y subrayó que la Mesa es un órgano “soberano” que toma sus decisiones en función exclusiva del Reglamento y la legalidad. Una idea repetida también por el propio portavoz de CDC, Francesc Homs, que consideró un “error” hacer “interpretaciones políticas” de la decisión de la Mesa del Congreso.
Y es que no fueron pocas las críticas, como la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que acusó a PP y PSOE de negociar el grupo con los nacionalistas catalanes contraviniendo el Reglamento y emplazó a los convergentes a que si lo que quieren es dinero queden en Suiza o Andorra “con Bárcenas o los Pujol”. Rivera lamentó además que los dos grandes partidos tengan ya pactado “regalar” tres millones de euros a un partido que, según subrayó, quiere romper con España.
situación “inédita” Pastor justificó el aplazamiento en la necesidad de que los ocho diputados de la antigua CDC argumentasen de forma más detallada su solicitud y ante una situación “inédita”, la del cambio de nombre del partido, que aunque concurrió a las elecciones como Convergència después ha pasado a llamarse Partit Demòcrata Català. A ello se suma el hecho de que, en principio, CDC no cumple con los requisitos que marca el Reglamento del Congreso, porque no alcanzó en las elecciones el 15% de los votos en dos de las cuatro circunscripciones catalanas -Barcelona y Tarragona-, ni en el conjunto de Catalunya.
Pese a ello, la formación independentista apela a un antecedente en 1986, cuando al PNV, que estaba en una situación parecida a la de ahora, se le concedió grupo haciendo una media aritmética del resultado obtenido en el total de las provincias, con independencia del censo de cada una de ellas. En sus alegaciones presentadas el pasado viernes, CDC defiende además que la formación de un grupo parlamentario propio “no produce perjuicio alguno” a los derechos de ningún otro y que, no tenerlo, produciría “distorsiones” en el funcionamiento del Mixto.
En el caso del Senado, su Mesa también ha aplazado su decisión a la espera de un informe de los servicios jurídicos después de que surgieran dudas jurídicas sobre la denominación del grupo y su composición, gracias al préstamo de seis de sus diez senadores. Fuentes parlamentarias dan por hecho que en caso de que exista la más mínima duda al respecto, lo más probable es que los nacionalistas catalanes se queden por primera vez sin grupo propio.
las confluencias Además de ese compás de espera con CDC, la Mesa del Congreso denegó el pasado miércoles el grupo a las “confluencias” de Galicia y la Comunidad Valenciana que tuvieron de plazo hasta el pasado viernes para presentar sus alegaciones. El Congreso denegó ambos grupos en aplicación del Reglamento de la Cámara que prohíbe formar grupo parlamentario separado a aquellos partidos que no se han enfrentado entre sí a las elecciones.
En su escrito de reconsideración, la coalición Compromís-Podem-Esquerra Unida A la Valenciana acusa al órgano de Gobierno de la Cámara Baja de actuar de forma “arbitraria”. Recuerda que su candidatura cuenta con sus propios órganos como coalición, su propio programa y realizó su campaña electoral con un presupuesto separado del de Podemos, o que el Ministerio del Interior ha publicado los resultados electorales diferenciándola del resto de formaciones. No obstante, Compromís-Podem-EUPV A la Valenciana ya ha anunciado que si no consigue el grupo repetirá el modelo de la pasada legislatura, de forma que los cuatro diputados de Compromís pasarán al Mixto y el resto se sumarán al grupo matriz de Podemos. Por su parte, En Marea también ha decidido integrarse en el grupo de Unidos Podemos y En Comú Podem, donde Alexandra Fernández será una de las portavoces adjuntas. Además, ambas “confluencias” acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para defender su derecho a contar con un grupo parlamentario diferenciado. - Efe