GASTEIZ. El debate sobre la norma vasca ha evidenciado las diferencias que suscita entre quienes la apoyan (PNV y PSE), quienes la ven insuficiente, como EH Bildu, que se ha abstenido, y quienes la consideran "insegura jurídicamente", como PP y UPyD, que se han opuesto porque creen que terminará "invalidada" e impugnada, lo que para los populares "frustrará las expectativas" de los colectivos afectados.
La ley aprobada es la continuación del camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.
Primero lo hizo ofreciendo cobertura y apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del período 1960-1978 y ahora se propone que sean tratadas de forma "justa y equitativa" quienes padecieron abusos similares hasta el año 1999.
El Ministerio de Interior, al conocer este proyecto de ley, ya advirtió de que algunos de sus preceptos vulneraban la Constitución y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- infringía "varias competencias exclusivas estatales", aunque posteriormente PNV y PSE introdujeron cambios que a su juicio dotan al texto de mayor seguridad jurídica.