Barcelona - El magistrado que investiga la causa de la consulta soberanista catalana del 9-N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado trasladar la causa a las partes para que, en diez días, soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa.

El cierre de la investigación deja a los tres investigados más cerca de sentarse en el banquillo, a falta de que las acusaciones se pronuncien; si hay acusación, como se prevé, el juez dictará un nuevo auto en el que mandará el caso a juicio.

El magistrado ha desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados. El juez rechaza en su resolución la justificación que dieron los investigados de que todo el proceso quedó en manos del voluntariado de la consulta tras el 4 de noviembre -cuando el Tribunal Constitucional suspendió el proceso-, sin intervenir la Generalitat.

Tras conocerse la decisión del magistrado, Convergència Democratica de Catalunya (CDC) anunció que se presentará recurso al auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y una querella contra Jorge Fernández Díaz, tras publicarse sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso. La portavoz convergente, Marta Pascal, aseguró que los investigados recurrirán la apertura del juicio oral y pedirán la nulidad de un “proceso político” que consideran que está hecho para “criminalizar” desde las “altas instancias del Estado” al proceso soberanista, al tiempo que avanzó que la semana que viene presentarán una querella contra Fernández Díaz, sin perjuicio de que se incluyan más querellados, por varios delitos, entre ellos “calumnias, injurias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad de Cataluña” , entre otros que aún se están estudiando.

Según Pascual, el origen de la causa judicial por el 9-N está en Manos Limpias y las conversaciones de Fernández Díaz y De Alfonso han ilustrado de forma “clara y evidente” una “persecución política de altas instancias del Estado para criminalizar la consulta y el soberanismo”. - Efe/E.P.