gasteiz - El Parlamento Vasco reclamó ayer al Congreso de los Diputados y al Gobierno autónomo que reformen la Constitución y el Estatuto de Gernika para suprimir el aforamiento, en un acuerdo unánime que no refleja, sin embargo, las discrepancias que sobre este particular salieron ayer a relucir en la Cámara. En todo caso, lo que queda es que el Legislativo, por iniciativa de UPyD, y mediante transacción con el PSE, se ha pronunciado sobre una figura legal creada para proteger a los políticos de acciones judiciales que persigan, con motivos espurios, impedir su ejercicio de la representación ciudadana, figura que en el Estado español se ha extendido con llamativa generosidad.

Según señalaron ayer los parlamentarios, en España hay cerca de 10.000 personas, entre diputados y senadores, parlamentarios autonómicos y presidentes de comunidades autónomas, pero también fiscales y jueces, policías, miembros del Tribunal de Cuentas, o el propio Defensor del Pueblo, acogidas a esta figura. En Portugal o Italia, como recordó el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, sólo están aforados los presidentes de estas repúblicas; en Francia la prerrogativa afecta sólo a diez personas, y en Alemania o Reino Unido todos los ciudadanos entran al juzgado por la misma puerta.

El aforamiento implica que quienes se acogen a esta figura son juzgados por salas especiales, bien sean el Supremo o los tribunales superiores de justicia, donde las designaciones de jueces vienen dadas en función de las mayorías políticas. Por otro lado, al ser derivados a estas instancias las personas aforadas tienen una instancia menos que las personas corrientes ante la que recurrir sus sentencias.

Según Maneiro, que ya presentó una moción similar hace dos años, “el aforamiento supone una excepción al principio de igualdad, y provoca la sensación entre la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos”. De la misma opinión es Juanjo Agirrezabala, de EH Bildu, quien cree que esta figura genera “ciudadanos de primera y de segunda”, y que “viene ligada a la corrupción en la política”, por cuanto permite retrasar los procesos contra cargos públicos que han cometido irregularidades. Sin embargo, aunque EH Bildu estaba de acuerdo con la supresión del aforamiento, la formación abertzale entiende que debería regularse en Euskadi, y no apelar al Legislativo español para pedir su supresión.

Por parte del PSE, la parlamentaria Miren Gallastegui aseguró que había negociado una enmienda transaccional con UPyD porque el aforamiento “es una situación que se debe revisar para impedir por todos los medios la impunidad”.

David Latxaga, parlamentario del PNV, matizó el voto favorable de su formación a la transaccional de UPyD y PSE, pues a su juicio a supresión del aforamiento requeriría de un estudio comparado, “de un debate serio”, y además afirmó que la propuesta de Maneiro buscaba otros fines ajenos a la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos. “Ser aforado debe ser una garantía democrática y no un privilegio”, señaló.

También rompió una lanza a favor de esta figura el representante del PP Borja Sémper, quien rechazó que eliminar el aforamiento vaya a ser “la piedra angular de la regeneración política”.