sevilla - Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, negarona yer que durante sus mandatos se produjeran irregularidades en la Junta a la hora de conceder las ayudas para cursos de formación y descartaron que hubiera un fraude en el seno de la Administración en torno a su gestión. Chaves, no obstante, admitió que pudo haber alguna irregularidad en la gestión de las ayudas. Las comparecencias de los expresidentes Chaves (1990-2009) y Griñán (2009-2013), de alrededor de dos horas y media cada una, suponen la penúltima jornada de la primera ronda de comparecencias de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que hoy concluirá con la citación de la presidenta, Susana Díaz.

Ambos expresidentes, que también comparecieron hace más de tres años en la comisión de investigación de los ERE, negaron con rotundidad que durante sus mandatos impulsaran, permitieran o conocieran alguna ilegalidad en la concesión de ayudas para los cursos de formación. Chaves, que fue el primero en comparecer, reconoció que es “posible” que “no todo” estuviera “bien” en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero subrayó que “siempre” actuó dentro “de la más estricta legalidad”, dijo Chaves, quien remarcó que “nunca” recibió ninguna “alerta” sobre “cualquier tipo de irregularidad”. Y expresó su convencimiento de que todas las ayudas siguieron “los trámites necesarios”, de forma que “el posible fraude fue muy pequeño”. La mayoría de los portavoces de los grupos políticos preguntaron a Chaves por las exceptuaciones en la justificación de ayudas, a lo que respondió que desconoce el número exacto porque “era exclusiva competencia del consejero” del ramo, de forma que “no pasaban por el Consejo de Gobierno”. En esa misma línea, Griñán mostró su convencimiento de que la Administración regional actuó de acuerdo con la legalidad y afirmó que “las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella”. Griñán no cree que las subvenciones se hayan otorgado ni irregularmente ni por “amiguismo” y en cuanto a las exceptuaciones, resaltado que el Interventor General definió el procedimiento como “garantista”. Señaló, además, que es cierto que en la Junta “existía un problema de escasez de recursos humanos”, del que dijo que no era “gratuito” ya que el Gobierno andaluz “estaba obligado a ello” en virtud de la ley de presupuestos, que “desde 2010 cierra la apertura a cualquier aumento de la plantilla” de las administraciones públicas. - Efe

El recibo de la luz, con dinero público. La esposa del ex número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco cargó la luz del domicilio familiar a un curso de formación que la Junta le concedió a su academia. La Administración autonómica otorgó ayudas por 730.000 euros a Aulacen Cinco SL en cuatro años. En la segunda factura, de 408 euros, el punto de sumistro coincide con el domicilio familiar.