Buenos Aires - El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó ayer en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante las décadas de los 70 y 80.

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina, fijó ayer penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita.

inicio El proceso había arrancado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez.

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), actualmente en prisión, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos al exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio.

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de en una pena agravada por mediar violencia y amenazas.

A este último se le acusaba de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos.

Por otro lado, el exjefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios, Humberto José Román Lobaiza, recibió una pena de 18 años de cárcel, mientras que el excomandante de Operaciones Navales de la Armada argentina Antonio Vañek, y los exmilitares Eugenio Guañabens y Enrique Braulio Olea, de 13.

Para Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lío, Felipe Jorge Alespeiti, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Luis Sadi Pepa, fijaron 12 años, y Federico Antonio Minicucci obtuvo la pena más reducida, con ocho años de prisión. - Efe