Un año después del vuelco en el mapa autonómico y municipal, que casi desterró las mayorías absolutas, muchos gobiernos han constatado que no es fácil mandar en minoría y, quizás por eso, han marcado diferencias con sus antecesores, sobre todo con medidas sociales, no exentas de efectismo. Muchos presidentes autonómicos y alcaldes ni siquiera ganaron las elecciones y gobiernan gracias a pactos de diversa índole, algunos mediante coalición y otros con apoyos puntuales, lo que obliga en ocasiones a hacer encajes de bolillos para sacar adelante sus propuestas.

Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), José María González Kichi (Cádiz), Pedro Santisteve (Zaragoza) o Xulio Ferreiro (A Coruña) no han dejado de salir en los medios día sí y día también, pero más que nada por asuntos como la cabalgata de Reyes, los titiriteros, la presencia de las Fuerzas Armadas en ferias educativas, el carnaval, la gomina del alcalde... Y también por actuaciones que hasta ahora habían sido aisladas y que han ido extendiéndose con la llegada de los llamados “gobiernos del cambio”, como colocar la bandera republicana en los balcones consistoriales el 14 de abril.

En estos doce meses, incluso se ha llegado a declarar persona non grata en Pontevedra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o para retirar el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. Guiños que tampoco faltaron en ayuntamientos como el de Palma, que retiró de la cabecera del salón de plenos la figura de un Cristo crucificado que lo presidía desde 1938 y reubicó el busto del rey Felipe VI. O el del alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), que este fin de semana ha impedido que se pueda velar a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Concha, en el salón de plenos, como se hacía tradicionalmente, y que esta imagen presida la misa del Corpus desde un balcón del Ayuntamiento. Otro común denominador de muchos de esos gobiernos “del cambio” ha sido en su lucha contra los vestigios franquistas o la reapertura de fosas comunes de la guerra civil.

políticas sociales Pero también ha habido hechos. Las políticas sociales se han visto favorecidas en este tiempo, en el que muchos ayuntamientos han puesto en marcha medidas para tratar de frenar los desahucios o al menos suavizar sus consecuencias, y para paliar la pobreza en general. Ya nada más llegar, muchos municipios reactivaron los comedores escolares en verano. Se ha ahorrado además en coches oficiales, supresión de altos cargos, bajada de sueldos o gestos como retrasar el alumbrado de las luces navideñas.

Una de las decisiones del Ayuntamiento madrileño que ha levantado más polvareda fue la restricción del tráfico por primera vez el pasado otoño ante el aumento de la contaminación. En Barcelona, le han llovido las críticas a la alcaldesa Ada Colau por sus controvertidas decisiones respecto a la moratoria de alojamientos turísticos o su gestión de los manteros. Dentro de poco Colau gobernará no tan en minoría, tras el acuerdo alcanzado con el PSC por el que los cuatro concejales socialistas pasarán a formar parte del equipo de gobierno municipal.

CCAA No hubo mayoría absoluta en ninguna de las 14 comunidades en las que se celebraron elecciones el 24-M, lo que obligó a los partidos a pactar. En la mayor parte hay gobiernos en minoría, con apoyos parlamentarios puntuales. Eso dificultó en gran parte la elaboración de los presupuestos para 2016. El último en aprobarlos ha sido el castellanomanchego, a finales de abril.

Pero si algo está dando problemas en los últimos meses a las autonomías ha sido el cumplimiento del déficit y la rigurosidad con la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido aplicar la ley de estabilidad presupuestaria. El resultado: Extremadura y Aragón están “intervenidas”, y Baleares y la Comunidad Valenciana, avisadas para que corrijan sus políticas si no quieren correr la misma suerte. Casi todas las comunidades pusieron el grito en el cielo ante las exigencias de Montoro y hasta las gobernadas por el PP se declararon en rebeldía. Finalmente, con el beneplácito de Bruselas, el objetivo de déficit se ha relajado.

Otro caballo de batalla abierto en los gobiernos regionales es el de la aplicación de la Ley Educativa (Lomce), bajo la amenaza del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, de que la alta inspección del Estado “vigilará” que las comunidades autónomas cumplen en la evaluación final de Primaria, obligatoria desde este curso para todos los alumnos. Todas han imprimido un giro social a sus políticas, en las que también hay avances en transparencia o en materia impositiva, en algunos casos con subidas en sus tramos de impuestos como el IRPF para las rentas más elevadas.