GASTEIZ - El Gobierno Vasco aprobó ayer un decreto que amplía las funciones del Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo, en el que se incrementará la representación de la sociedad civil.
El Ejecutivo autonómico ha decidido modificar la regulación de este organismo, creado hace cinco años, ya que “el nuevo contexto sociopolítico, sumado al final del terrorismo de ETA, ha hecho conveniente ampliar el ámbito de actuación” de este organismo. A partir de ahora, el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo no se limitará a las políticas asistenciales a las víctimas, sino que abarcará el conjunto de las políticas públicas destinadas a este colectivo.
Más integrantes Además, el decreto amplía la composición de este órgano, en respuesta a las peticiones de algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El nuevo Consejo tendrá cuatro integrantes más y pasará a estar compuesto por 15 personas: un presidente, siete representantes de las administraciones públicas y siete miembros de la sociedad civil.
En la representación de las administraciones públicas se incorpora la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, Aintzane Ezenarro. Por lo que respecta a la sociedad civil, se incrementa de tres a cinco el número de representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, para dar cabida a las demandas que se han venido planteando desde las propias asociaciones. Hasta ahora, las cinco asociaciones que estaban representadas eran la AVT, Covite, Aserfavite, Zaitu y la Fundación Fernando Buesa.
Asimismo, se informará de las convocatorias de cada reunión a las diputaciones forales, que podrán asistir a reuniones con voz, pero sin voto. Se podrá invitar, también, a dos víctimas con experiencia en programas de educación o contribución a la convivencia.
El Decreto anterior establecía que las decisiones en el seno del Consejo se adoptarían por mayoría de votos, si bien en la práctica los acuerdos se han venido adoptando de modo colegiado y por consenso.
La nueva normativa establece que con carácter ordinario, los acuerdos habrán de ser adoptados por mayoría absoluta. Además, se han fijado criterios objetivos para la designación de las vocalías representantes de la sociedad civil, y se ha ampliado el período de duración de las designaciones con el fin de establecer un procedimiento “más ágil y eficaz”. Otro punto que se ha restructurado hace referencia a la periodicidad de las reuniones de este Consejo, que a partir de ahora se reunirá como mínimo dos veces al año, si bien es verdad que lo largo de esta legislatura han tenido entre tres y cuatro reuniones anuales. - DNA
