madrid - La juez en excedencia y diputada de Podemos, Victoria Rosell, renunció ayer a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo haya abierto una investigación en su contra. Cabe recordar que los diputados gozan de la condición de aforados, que les permite ser juzgados únicamente por el Supremo y no por la justicia ordinaria, una potestad que cada vez más se percibe como un privilegio. En cualquier caso, sigue siendo aforada como titular de un juzgado de instrucción, de modo que su caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A este aforamiento no se puede renunciar salvo expulsión de la carrera judicial. Además, para rematar el enredo, Podemos apuesta por que repita como candidata a las elecciones del 26 de junio, de modo que, si logra reeditar su escaño, volverá a ser aforada y la causa regresaría al Supremo. Solo su imputación provocaría su expulsión, en virtud del código ético de Podemos. “Será la mejor candidata”, dijo ayer Pablo Iglesias.

De este modo, la pérdida del aforamiento solamente duraría unas semanas, hasta que renovara el escaño en las elecciones, aunque Rosell espera que para entonces la causa esté resuelta. Es más, solo renuncia a la Diputación Permanente (el órgano que estará de guardia hasta que se conforme un nuevo parlamento después de las elecciones), pero no a su acta de diputada porque se la ha dado la elección popular de la ciudadanía, según argumentó.

Rosell tomó esa decisión por la investigación abierta en el Tribunal Supremo a raíz de una querella en su contra presentada por el exministro Soria. La Sala de lo Penal del Supremo acordó este martes abrir causa a la diputada por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia por irregularidades en su forma de instruir el procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario. El juez que la sustituyó en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, Salvador Alba, advirtió graves irregularidades en la forma en la que Rosell investigó una causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio 300.000 euros. Rosell, portavoz de Justicia del grupo de Podemos, fue incluida como vocal suplente en la Diputación Permanente, cuyos integrantes serán los únicos que se mantengan como aforados cuando se formalice la disolución de las Cortes el 3 de mayo.

Ahora, tras la decisión del Supremo de abrir la investigación, Rosell ha decidido renunciar a ese puesto en la Diputación Permanente, con lo que a partir del día 3 dejará de ser diputada y perderá ese aforamiento. - E.P.