Ha pasado casi un año desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara al Reino de España, una vez más, por no investigar las denuncias de torturas de un detenido. En este caso se trataba de Patxi Arratibel, que ante el juez Grande Marlaska declaró haber sido torturado por la Guardia Civil y que junto a su firma en la declaración dejó escrito, a modo de señal para solicitar ayuda, “aztnugal” (“laguntza” escrito del revés).
Las respuestas de los gobiernos españoles a estos reveses judiciales son nulas. Jamás hemos visto a un ministro del Interior, a un secretario de Estado, a un director de la Guardia Civil o Policía Nacional escandalizarse ante lo que a todas luces es un escándalo: en España no se investigan las torturas. Solo encuentro una razón para tanta pasividad: que en España se tortura.
Los mismos policías que presuntamente torturan y desde luego, esto es una certeza, no investigan esas denuncias son los mismos que sin embargo realizan un despliegue para detener a los que han pintado un mural contra la tortura. No importa que ya en fase de realización la Policía identificara a los que brocha y pintura en mano rellenaban con el correspondiente permiso del Ayuntamiento una pared de un edificio municipal. No se iban a fugar, estaban identificados, son ya conocidos por la Policía y, sin embargo, montan un despliegue para llevarlos a comisaría.
Todo adquiere un punto surrealista, porque “Aztnugal” no significó nada cuando se trató de investigar una denuncia de torturas y, sin embargo, hoy constituye una prueba concluyente de que se intenta injuriar a la Guardia Civil. Tiene que ser ese críptico hashtag lo que ha activado la parafernalia policial porque no creo que fuera la palabra “tortura” atravesada por una raya roja la que haya despertado el celo del Gobierno. O sí.
El alcalde de Burlada, que autorizó la realización del mural en instalaciones municipales para sumarse al Día Internacional contra la Tortura, tuvo solo un poco más suerte que el resto de los acusados. Él no fue detenido, así que se fue a comisaría y a la salida dijo que tuvo la impresión de que los policías sabían que estaban siendo manipulados por sus superiores políticos.
A la misma hora, el ministro del Interior en funciones, el del cuartel de Fitero y la foto sacada del NO-DO, le daba la razón al alcalde. Jorge Fernández Díaz asumía como suya la autoría del operativo y la justificaba empleando una expresión muy desafortunada para el caso que nos ocupa. Dijo el ministro que se trata de demostrar que en España “no hay espacio de impunidad o inmunidad” para las injurias.
Es una pena que el ministro no aprovechara la frase para anunciar que va a adoptar todas las medidas posibles para acabar con los espacios de impunidad e inmunidad para la comisión de torturas. Igual hasta le toman por europeo a pesar de mezclar hisopos y tricornios.
