GASTEIZ - Tras las elecciones generales de diciembre y mientras el debate de investidura sigue bloqueado, Mariano Rajoy se ha amparado en que su gobierno está en funciones para no someterse a las sesiones de control parlamentario que le exige la oposición, y para no promover soluciones en las instituciones europeas para defender el acero vasco ante los bajos precios de China. Sin embargo, su gabinete sigue a pleno rendimiento para recurrir medidas adoptadas por las instituciones vascas con el argumento de que exceden su ámbito de actuación e invaden competencias estatales. Semanas después de que la Abogacía del Estado interpusiera un recurso contra la jornada de 35 horas semanales en el sector público, ayer se conocieron otras dos decisiones del mismo cariz. Por un lado, el Gobierno español anunció su recurso contra la ley vasca que impide la extracción de gas a través del fracking, y la consejera de Educación denunció que Madrid haya puesto la lupa por primera vez en la historia en el sistema de becas vasco, una competencia transferida que lleva tres décadas funcionando sin que nadie la hubiera cuestionado. En una decisión de gran alcance porque solo en el curso 2014/2015 un 34,26% de los estudiantes disfrutaba de alguna beca, Madrid ha recurrido las convocatorias de ayudas universitarias y no universitarias del citado curso y de 2015/2016.

Ese punto puede ser el más preocupante por la incertidumbre que pueda sembrar en miles de estudiantes. Por lo visto, el Estado considera que las becas, que cubren cuestiones diversas como el transporte o el material educativo, deben seguir unos mismos criterios en todo el Estado y no ser, por ejemplo, más elevadas en el caso vasco. En realidad, los recursos vienen de tiempo atrás, pero la consejera de Educación, Cristina Uriarte, decidió elevar el tono ayer en público para criticar el repentino empeño en tumbar un sistema que es competencia de las instituciones vascas. El recurso contra las becas universitarias del curso 2014/2015 ya ha sido, incluso, resuelto por los tribunales, con el dato preocupante de que la jurisdicción contencioso-administrativa ha dado la razón a Madrid. El Gobierno vasco ha decidido recurrirlo ante el Tribunal Supremo y aboca la discusión a un proceso largo que, mientras tanto, mantendrá en pie el sistema vasco de becas.

En el Pleno de control celebrado ayer en el Parlamento Vasco, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, consideró “inaceptable” el proceder del Estado. “Tras treinta años de la transferencia, la Administración del Estado se ha mostrado contraria por primera vez a que estructuremos el sistema de ayudas y las ha recurrido”, lamentó.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer un recurso contra la normativa vasca que impide el fracking. En la presente legislatura, EH Bildu, PSE y PP introdujeron una serie de criterios para limitar las condiciones en las que podía extraerse gas a través de ese sistema, una vía que suponía prohibir el fracking de tapadillo para que el Estado no recurriera a los tribunales. El PNV, que veía venir el recurso español, se abstuvo, pero dejó claro que defendería las competencias vascas ante el cuestionamiento de Madrid. La noticia de ayer no tomó a nadie por sorpresa porque el recurso ya se había anunciado, y en los últimos meses ambas administraciones habían dialogado como es preceptivo antes de acudir a los tribunales a resolver el litigio. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno español aprobó ayer la interposición del recurso. Madrid esgrime que las competencias para declarar el impacto medioambiental de los proyectos son suyas, y que se vulnera el principio de seguridad jurídica porque algunas empresas ya contaban con permisos para investigar. Además, hila fino y asegura que la normativa vasca habla de los hidratos de metano enterrados en el mar, una competencia que no sería autonómica.