madrid - Por primera vez un empresario ha reconocido haber participado de la financiación ilegal del PP. Enrique Ortiz, dueño de la empresa Enrique Ortíz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, ha confesado en un escrito presentado por su defensa ante la Audiencia Nacional haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008. El montante de lo abonado por este constructor a la formación popular valenciano asciende a 348.115. En su escrito, Ortiz admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura “formal” a esas entregas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para este empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. La defensa del empresario, por su parte, reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa. “Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa”, agrega el escrito presentado por sus letrados. Anticorrupción sostiene que la trama Gürtel confeccionó a favor de su sociedad seis facturas sospechosas entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2008. La primera tenía como concepto el nombre de “mus” (31.784 euros), la segunda “feria 2007” (84.100), la tercera “acuerdo de colaboración” (58.000), y las dos últimas se referían a “trabajos primer semestre” (20.752) y “trabajos primer trimestre” (17.890).
La declaración de Enrique Ortiz ha sido ratificada por el número dos de su empresa, José Francisco Beviá, quien, en un escrito similar al de su jefe, reconoce los pagos irregulares abonados a la formación popular. Para Beviá Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de prisión para por delitos electorales y falsedad documental. Por su parte, el PSOE de la Comunidad Valenciana reclama que Ortiz y Beviá sean condenados a un año y medio de cárcel por falsedad documental y el pago de multas de seis meses con una cuota diaria de 50 euros.
Además de este caso de financiación ilegal del PP, Enrique Ortiz está imputado también en otros casos en juzgados de Alicante por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, por el Plan Rabassa y se encuentra procesado en el caso de las basuras de la Vega Baja, todos ellos derivados de Brugal.
El PP, de perfil Pese a que el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que la confesión de Ortiz es la “prueba definitiva” del delito cometido por el PP, para la vicepresidente del Ejecutivo español y mano derecha de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de “un argumento de defensa de un implicado en un procedimiento”, Interpelada si la confesión del constructor valenciano dificulta que Rajoy encabece un futuro gobierno, Sáenz de Santamaría aseguró que la corrupción es un “problema general” que puede afectar por tanto a las posibilidades de cualquiera, “en cualquier combinación”. - DNA
