gasteiz - El proyecto de Ley Municipal superó ayer su último trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva, prevista para el próximo 7 de abril, con los votos del PNV y EH Bildu. La aprobación del dictamen en comisión no arrojó ninguna sorpresa ya que PSE-EE y PP votaron en contra después de ver que sus enmiendas parciales no eran aceptadas. UPyD tampoco dará su apoyo a la futura ley.
PNV y EH Bildu subrayaron la legitimidad que les da tener más del 80% de la representación municipal y casi dos tercios de la Cámara vasca, aunque admitieron que les habría gustado que el texto concitara más apoyos. Todos los grupos coincidieron en la importancia de aprobar una ley de estas características ya que Euskadi es la única autonomía que carece de ella, aunque PSE y PP reiteraron su voto en contra por considerarla muy “mutilada” y “poco ambiciosa”.
El portavoz del PSE, Jose Antonio Pastor, opinó que una ley como ésta es mejor que ninguna pero se ha referido a ella como “un churro” porque entre otras cosas obliga a los ayuntamientos a asumir una parte del pago de las Ayudas de Emergencia Social, competencia que hasta ahora era exclusiva del Gobierno Vasco aunque la realidad era otra, le recordó Dani Maeztu (EH Bildu). Pastor también subrayó que los socialistas llevan más de 30 años esperando esta ley y advirtió de que “si se ha retrasado tanto no ha sido por ninguna maldición bíblica” sino por “el bloqueo del PNV” y de “su alma foralista, que quiere mantener el control sobre los municipios a través de la financiación”.
En este sentido, Pastor consideró que con la nueva ley los ayuntamientos van a seguir siendo los “parientes pobres” del sistema institucional vasco y aseguró que en el proyecto, la participación de los municipios en los tributos concertados “no se reconoce de forma igualitaria” junto a las demás instituciones “por mucho que Bildu quiera vender como gran avance lo que ya estaba en el texto desde el principio: la presencia de los municipios, con voz y voto, en el Consejo Vasco de Finanzas a la hora de repartir los recursos que corresponden a las entidades locales”. “El problema es que tienen voz y voto, pero no tienen real capacidad de decisión. No están en un plano de igualdad, por mucho que lo digan”, reiteró.
Laura Garrido (PP) afirmó que en materia de transparencia, la ley “es un paripé” y reprochó al PNV que no haya buscado el acuerdo con el resto de grupos. La ley llega “con retraso” y está condicionada por un pacto que se sustenta “en las urgencias personales de PNV y EH Bildu”, denunció.
Joseba Zorrilla (PNV) lamentó que se haya tardado muchos años en aprobar la ley pero opinó que mejor tarde y bien que nunca. “Los ayuntamientos van a ser verdaderos poderes locales y no meros prestadores de servicios”, enfatizó. Asimismo, ha negado que responda a intereses partidistas y lamentó que salvo EH Bildu el resto de grupos no hayan mostrado más disposición al acuerdo. Dani Maeztu, por su parte, manifestó que es “una buena ley”, con la que se salda una deuda antigua, de 36 años, y consideró que servirá como “dique protector frente a la recentralización del Estado” y al mismo tiempo permitirá “empoderar a los ayuntamientos y garantizar su financiación”.
Entre las novedades de la nueva normativa destaca la participación “con voz y voto” de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas, donde hasta ahora, la Asociación de Municipios vascos Eudel participaba solo con voz. Además, se va a impulsar la elaboración de un informe sobre las competencias que ejercen los entes locales para que se tenga en cuenta a la hora de definir la financiación de los ayuntamientos en la modificación de la Ley de Aportaciones.
Respecto a la financiación de las Ayudas de Emergencia Social (AES), el texto acordado por PNV y EH Bildu prevé una renovación del marco del Sistema de Garantía de Ingresos y, mientras se elabora, contempla una solución transitoria para que se compense a los Consistorios que tengan que aportar sus recursos al pago de estas ayudas cuando se agote el presupuesto del Gobierno Vasco. - Efe/E.P.
