Madrid - La Audiencia Nacional ordenó ayer la juez Carmen Lamela que investigue si 76 presos y expresos de ETA usaron documentos falsos para inscribirse en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la UNED para obtener redenciones, ante las sospechas de que pudiera tratarse de una “práctica concertada”. La sección cuarta de lo Penal adoptó esta decisión en un auto en el que se ordena a Lamela a investigar la denuncia de Covite que la juez decidió archivar al entender que estos hechos serían únicamente constitutivos de un delito de falsedad sin relación con delitos de terrorismo.
Según el auto, “se aprecian indicios de que puede haber existido una práctica concertada en la facilitación de los certificados expresados, y que la misma se ha realizado desde fuera de las instituciones penitenciarias, con la finalidad de colaborar con la organización terrorista ETA”. Pide por eso la Sala a la juez que practique las diligencias de investigación consistentes en dar traslado a la Guardia Civil de la documentación que acompañaba a la denuncia para que elaboren un informe “sobre la existencia de posibles conexiones o unidad de actuación en la obtención de la documentación supuestamente falsa”.
Entre las 76 personas denunciadas por Covite se encuentran José Antonio López Ruiz Kubati, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena o Francisco Mujika Garmendia Pakito. - Efe
