Arraiz declara que está siendo "perseguido por un delito de opinión" y por ser el representante de Sortu

BILBAO. Arraiz ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación después de haber comparecido en el TSJPV como imputado por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus declaraciones en las que pidió dar "jaque mate" a la Guardia Civil e instó al instituto armado a abandonar Euskadi, después de la detención de un grupo de abogados de presos de ETA el 12 de enero de 2015.

Tras declarar ante el juez instructor, Roberto Sáiz, que admitió a trámite la querella de la Asociación Dignidad y Justicia, el parlamentario de EH Bildu ha recordado que es la tercera vez en poco tiempo que acude al alto Tribunal a declarar. "No es casualidad que me haya tocado a mí porque entiendo que ello obedece a que soy representante de Sortu", ha destacado.

A su juicio, "es momento en Euskal Herria, en este Estado, de que los debates políticos se lleven a las instituciones y al resto de foros de debates políticos en igualdad de condiciones, no a los Juzgados". "No se trata de que demos nuestra opinión delante de un juez y que ese juez decida si la sanciona o no, no es el momento para eso, es el momento para el debate político en abierto", ha señalado.

En este sentido, ha recordado unas palabras del exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que está a punto de cumplir la condena que se le impuso por el 'caso Bateragune', cuando dijo que la izquierda abertzale "había traído el conflicto del ring de boxeo a un tablero de ajedrez".

"Esto demuestra que algunos no entienden de ajedrez ni tienen ninguna intención de entender porque a ellos les va más el boxeo. Un Estado que tiene miedo de la libertad de expresión, es un Estado democráticamente sumamente débil, y lo estamos viendo aquí en Euskal Herria de continuo, pero también en otras partes del Estado. Por eso, también desde aquí nuestra solidaridad para con todos aquellos que están sufriendo persecución por delitos de opinión en otras partes también del Estado", ha apuntado.

"MIEDO" A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En su opinión, "esto tiene que acabar" porque un Estado democrático "no tiene miedo a la libertad de expresión, un Estado democrático no lleva el debate político a los Juzgados, lo lleva a las instituciones y a otros foros".

"Esto tiene que acabar cuanto antes. Eso es lo que he venido a decir hoy aquí ante este Tribunal y también a ratificarme en lo que dije el 12 de enero de 2015. Entonces, lo dije alto y claro, y hoy lo vuelvo a repetir delante de un juez: este país no necesita a la Guardia Civil, este país no quiere a la Guardia Civil, queremos que se vayan cuanto antes y no nos vamos a cansar de decirlo", ha asegurado.

Según ha señalado, el juez instructor no ha adoptado esta jornada ninguna decisión sobre el caso y su situación procesal. En este sentido, ha manifestado que el magistrado deberá decidir, a partir de la declaración de hoy, si este proceso continúa o si se archiva.

Hasier Arraiz no ha contestado a la preguntas que le ha formulado Roberto Sáiz porque le había recusado en junio de 2015 , pero el TSJPV no admitió a trámite la petición para su apartamiento de la causa. El abogado defensor del presidente de Sortu, Iñigo Iruin, alegó que Sáiz, en el auto por el que tramitó la querella de Dignidad y Justicia, "ya sentenciaba" el caso.

"Yo entiendo que las razones de esa recusación estén vigentes y, por lo tanto, en coherencia con ello, me he negado a contestar a las preguntas del juez instructor", ha subrayado Arraiz.

El parlamentario de EH Bildu también ha rechazado responder a las cuestiones que ha planteado Dignidad y Justicia ni la abogada del Estado, que se ha estado presente este miércoles en el interrogatorio. "No lo había hecho hasta el momento, y hoy, en el último momento se ha personado", ha explicado Hasier Arraiz. De esta forma, Arraiz solo ha ofrecido respuesta a las preguntas del Fiscal y de su letrado.

AUTO DEL JUEZ

En su auto, Roberto Sáiz consideró que el querellado podría haber incurrido en un delito de injurias contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que instaba a practicar "cuantas diligencias" fueran necesaria para "determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos".

Por ello, juez solicitó a la Unidad Central de Inteligencia (UCI), al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Ertzaintza informes que corroboraran "la realidad de los hechos", así como "sobre la reivindicación histórica por parte de la organización terrorista ETA de expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra".

También reclamó que se emitiera informe respecto a "la persecución y asesinatos que la Guardia Civil ha sufrido por parte de dicha banda armada durante los 60 años de su existencia".