madrid - Jueces para la Democracia criticó ayer con dureza la actuación del juez y de la Fiscalía en el caso de los dos titiriteros encarcelados durante cinco días por presunto enaltecimiento del terrorismo, al considerar que “la mera exhibición de una pancarta (...) en el transcurso de una representación puede o no ser enaltecimiento en función del contenido, finalidad y, en definitiva, del mensaje que se pretenda transmitir con esa obra”. En un comunicado, agregó que “de lo contrario todas las películas (...), obras de teatro, cine o televisión en que aparecieran pancartas de este tipo serían constitutivas de enaltecimiento, lo cual es con toda evidencia un absurdo”.
Pese a que, “como regla general”, la asociación progresista prefiere no pronunciarse “sobre el fondo de asuntos judiciales en trámite”, esta vez ha optado por hacerlo porque “afecta de forma muy relevante a derechos fundamentales, a la libertad personal y a los principios de la prisión provisional”. Así, asegura que en la obra representada el pasado viernes en Tetuán (Madrid), que provocó la detención y posterior ingreso en prisión provisional de Raúl García y Alfonso Lázaro, “no se detecta (...) una actuación de justificación del terrorismo”.
Argumenta que la representación, en cuyo transcurso se mostró un cartel con la frase Gora ALKA-ETA, “se limita a plantear un relato crítico de carácter simbólico contra determinadas instituciones”. Admite, eso sí, que contiene escenas violentas no aptas para el público infantil, lo que “debería conllevar responsabilidades en el ámbito político municipal”, y no necesariamente “consecuencias penales”. Jueces para la Democracia recuerda que la prisión provisional tiene carácter excepcional, y considera “llamativo” el cambio de criterio de la Fiscalía, que en un lapso de cuatro días pasó de pedir dicho encarcelamiento a solicitar la liberación de los detenidos. Ambos acudieron ayer a la Audiencia Nacional a entregar su pasaporte, como les había requerido el juez.
Por otro lado, la formación política Contrapoder presentó ayer una querella ante el Tribunal Supremo contra el magistrado Ismael Moreno, al que acusa de un delito de prevaricación por haber ordenado el ingreso en la cárcel de los titiriteros. De forma paralela, amplió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la querella que ya había presentado el miércoles contra la fiscal que firmó la petición de ingreso en prisión de los actores, Carmen Montfort.