donostia - “Un presidente como Rajoy, que habla del PP como el partido de la convivencia y de la concordia, tiene que tener en su agenda como una de las prioridades cerrar esta etapa”. El presidente español no recibió estos deberes sobre el final de ETA de manos de algún líder de la oposición, sino de la que en verano era aún la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, que quería empezar a recorrer un camino del que en tres meses quedó apeada con su propuesta de una ponencia sobre Libertad y Convivencia que la dejó sin el apoyo de los suyos en una tormenta tan intensa como corta.

Ese balance que Quiroga hizo en la entrevista de agosto a Europa Press se ajusta a la gestión que el PP ha hecho desde que ETA anunció el cese definitivo de su violencia, dos meses antes de que Rajoy entrara en La Moncloa a lomos de la mayoría absoluta y con la crisis económica como única prioridad.

Han pasado cuatro años y las iniciativas para finiquitar el desarme de ETA, ahondar en una memoria inclusiva, cumplir con todos derechos de los presos y otras derivadas de las décadas de violencia han llegado de muchos estamentos como ayuntamientos, diputaciones, gobiernos como el vasco e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muchos salvo del Ejecutivo español.

Al comienzo de la legislatura y con el anuncio de ETA reciente, el tándem compuesto por Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia hacía presagiar que el PP podía empezar a variar sus posiciones en un tema que ya no estaba tan en el centro del tablero como en las pasadas legislaturas, sobre todo habida cuenta del tono empleado contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de algunas asociaciones de víctimas de ETA. Nada más lejos de la realidad.

Desde octubre de 2011, las fuerzas de seguridad han detenido a cerca de 110 personas por su presunta vinculación con ETA, incluido el arresto en septiembre de este año de la que en teoría es la “última cúpula” de la organización armada y que, para Fernández Díaz, fue “el acta de defunción” de ETA.

Dos de los detenidos en Baigorri, David Pla e Iratxe Sorzabal, esperaban junto a Josu Urrutikoetxea a comienzos de 2013 en una mesa de Oslo (Noruega) para un último intento de conversación que el Gobierno local, a instancias de La Moncloa, desmontó en marzo de aquel año. El mensaje fue claro: nada de lo que hablar, ni desarme (en febrero de 2012, el ministro del Interior invitó a ETA a dejar “en una campa del País Vasco unas cuantas armas”) ni presos.

No hubo campa ni fue en el País Vasco ni existió un desarme. Ante dos de los verificadores internacionales, Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils, dos miembros de ETA hicieron una entrega simbólica de un mínimo arsenal. Así lo anunció el primero en febrero de 2014 en una comparecencia en el hotel Carlton de Bilbao, días antes de que el juez Ismael Moreno les llamara a declarar en la Audiencia Nacional a instancias de Covite. El lehendakari, Iñigo Urkullu, viajó a Madrid para respaldar a los verificadores.

Desde entonces se han visto algunas operaciones policiales contra el denominado aparato logístico -como la de mayo en una villa de Biarritz, contra un arsenal- y una petición constante de diferentes partidos vascos y facilitadores internacionales: que los gobiernos español o francés se impliquen para resolver estas cuestiones técnicas del final de ETA. Una participación a la que se ha mostrado dispuesto el Gobierno Vasco para levantar el bloqueo, una oferta repetida hace mes y medio.

En este escenario entró en juego la variante del Hexágono, donde se presupone que la organización armada mantiene la mayoría de sus arsenales. Representantes de casi todas las fuerzas políticas de Iparralde alumbraron la Declaración de Baiona en octubre de 2014, con diversos pronunciamientos para abordar el final de ETA, un texto que estuvo a debate en la Asamblea Nacional en junio de 2015.

Por el momento, y con el exministro del Interior galo Manuel Valls como primer ministro, la sintonía con La Moncloa parece intacta, pero en el propio Ejecutivo hay voces críticas, sobre todo a la hora de hablar de los presos.

La titular de Justicia, Marylise Lebranchu, es la responsable de las prisiones galas -a diferencia del Estado español, donde es Interior quien gestiona Instituciones Penitenciarias- y ya ha mostrado algunas críticas con mantener la dispersión geográfica de los reos condenados por su pertenencia a ETA.

El Gobierno español no ha variado y, ya anunció Fernández Díaz, no variará su política penitenciaria al menos mientras ETA exista, aunque “los etarras que quedan fuera de las cárceles caben en un microbús”, según dijo el ministro en septiembre.

Sí casi siempre, pero no ha sido siempre su discurso. El segundo semestre de 2012 Jorge Fernández Díaz lanzó una de las pocas iniciativas que han marcado su mandato, fracasado en esta materia. Sin exigir el perdón para las víctimas, el Ministerio lanzó un plan integral de reinserción al que los reclusos podían acceder con firmar su rechazo a la violencia y su desmarque de ETA. El plan no despegó.

Meses después y en plena polémica por la excarcelación del preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria -cuya deliberación judicial final se prolongó durante tres meses de espectáculo mediático-, Fernández Díaz llegó a asumir que cualquier cosa que no pasara por excarcelarlo, una decisión “muy dolorosa”, sería prevaricación.

Un discurso que varió en 180 grados en marzo de 2013, cuando a las puertas de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogara la doctrina Parot al dar la razón a Inés del Río, prometió hacer “ingeniería jurídica” para no acatar el fallo.

En estos cuatro años, no solo ETA, los presos o el desarme han sido materia de controversia política. El titular de Interior también ha amagado en más de una ocasión contra una izquierda abertzale que, con Arnaldo Otegi a meses de cumplir una pena que lo ha mantenido entre rejas toda la legislatura, continúa con los macrosumarios en la Audiencia Nacional.

Otra legislatura después, ETA sigue existiendo -aunque anunciara que adaptaba sus estructuras de la lucha armada por las del desarme-, la labor de los facilitadores es de muy baja intensidad, los encuentros entre víctimas y victimarios son casi historia, las políticas de memoria y convivencia las desarrollan el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, el colectivo de presos sufre tensiones internas y el Ejecutivo central llega al final de su mandato entre críticas unánimes de bloqueo y de haber practicado un aislamiento institucional en todas estas materias. Por paradójico que parezca, hubo momentos en los que algunas asociaciones de víctimas censuraron a portavoces del PP por no ser contuntentes.

Como le ocurrió a Quiroga. “Un presidente como Rajoy, que habla del PP como el partido de la convivencia y de la concordia, tiene que tener en su agenda como una de las prioridades cerrar esta etapa”, dijo la ya expresidenta del PP vasco porque, como confesó en aquella entrevista estival, en esta legislatura “no se ha abordado”. No al menos desde el Gobierno español.