el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero decidió gobernar sin socios estables durante su mandato, una decisión muy arriesgada que en ocasiones situó sus medidas y presupuestos al borde del precipicio por falta de apoyos. El PNV aprovechó su debilidad parlamentaria para ofrecerle su respaldo a cambio de rascar beneficios para Euskadi. Fue así como se gestó el traspaso de un importante bloque de competencias de una sola tacada a suelo vasco. Pero después llegarían las elecciones generales de 2011. El PP de Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta, de modo que los votos del PNV ya no eran imprescindibles y no pudo seguir la misma estrategia que en la anterior legislatura. No acabaron ahí los problemas para el nacionalismo vasco. Además del parón en el traspaso de materias comprometidas en el Estatuto de Gernika, Rajoy se escudó en la situación de emergencia económica y en las voces que exigían someter a España a un draconiano programa de recortes para meter la tijera en todos los ministerios y obligar a Euskadi a aplicar ajustes en materias de su competencia. La extensión del copago en los medicamentos, la supresión de la paga extra navideña de los funcionarios y la ampliación de los horarios comerciales debían aplicarse en todo el Estado. La oposición lo acusó además de hurtar el debate parlamentario (ya de por sí limitado por la mayoría absoluta del PP) aprobando muchas de sus medidas por decreto, con el argumento de que la grave crisis exigía adoptar medidas urgentes. El Gobierno Vasco, primero con el socialista Patxi López y después con el jeltzale Iñigo Urkullu, ha recurrido a los tribunales para defender sus competencias y ha buscado recovecos para aprobar normas que reduzcan el impacto de las leyes de Rajoy en una legislatura que para la mayoría de partidos se ha convertido en una de las más aciagas para el autogobierno vasco. Se han registrado 15 recursos ante el Tribunal Constitucional por invasiones competenciales, trece de Lakua y dos de Madrid.
A todo ello habría que sumarle que el lehendakari se ha topado con un frontón cuando ha tratado de reconducir la situación con el presidente español. No se reúnen desde septiembre del pasado año, y Rajoy no ha dado respuesta a ninguna de sus demandas. La interlocución sería inexistente si no fuera por que en las últimas jornadas han retomado el contacto telefónico, pero por una causa de fuerza mayor: la coordinación policial para vigilar las fronteras por la amenaza yihadista. Nada más allá. Madrid no ha accedido siquiera a estampar su firma en competencias ya encarriladas durante el mandato de Zapatero y que, por tanto, no requerían de grandes negociaciones ni trabajo de fondo. Urkullu puso sobre la mesa el traspaso en ferrocarriles, autopistas y Fogasa (el fondo que paga los salarios pendientes a los trabajadores cuando su empresa es insolvente), pero Rajoy no accedió a pesar de que la propuesta del lehendakari no era precisamente de máximos y sino posibilista, en contraste con el órdago independentista de Catalunya. Entre la falta de movimientos de Rajoy y la cerrazón de anteriores gobiernos españoles, el número de competencias que recoge el Estatuto y aún no han llegado a suelo vasco asciende a 24. Entre ellas se encuentran materias de tanta enjundia como la Seguridad Social (incluye el sistema de pensiones que Madrid niega a Euskadi porque cree que no tendría dinero para pagar las prestaciones), las cárceles y la ejecución de la política penitenciaria, puertos y aeropuertos, y banca y seguros.
El lehendakari también ha pedido sin éxito a Rajoy que renueve la Ley de Cupo, el dinero que paga Euskadi a España por servicios como el Ejército y en concepto de solidaridad con otros territorios. Lleva caducada desde 2011, pero Rajoy ha arrinconado todos los debates sobre la financiación de las autonomías y promete abordarlos durante la próxima legislatura si vuelve a gobernar. El problema estriba en que, además de renovar la ley, los dos gobiernos deben solucionar sus discrepancias en la aplicación de esa norma. Euskadi cree que se le deben unos 1.200 millones de euros, cantidad que seguirá engordando mientras no haya pacto.
No existe interlocución al más alto nivel, entre Urkullu y Rajoy, pero sí a nivel técnico entre los ministros y los consejeros para abordar las discrepancias sobre leyes concretas que afectarían a competencias vascas. El grupo del PNV en el Congreso también ha buscado soluciones en la tramitación parlamentaria de las normas, en conversaciones muy complejas con constantes cambios de criterio del gabinete de Rajoy, que en varios casos ha vuelto sobre sus pasos para matizar acuerdos que parecían definitivos. Los pactos no han sido muy numerosos, aunque algunos tienen cierto brillo, como el reciente acuerdo por el cual Madrid reconoce que las bonificaciones para contratar a jóvenes y a menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, y para conciliar la vida profesional y familiar de los autónomos, son políticas activas de empleo y entran en el terreno de las competencias vascas.
En paralelo, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió un canal con el PNV a nivel de partido. Se ha mantenido en contacto con el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar. Esa vía se abrió en los primeros compases del mandato de Urkullu, cuando los populares parecían medianamente interesados en acercarse al partido porque, aunque gobernaran con mayoría absoluta, estaban preocupados por la devastadora imagen de soledad que estaban proyectando en la votación de sus planes de ajuste. Tampoco querían tensar demasiado la cuerda con las instituciones vascas para no abrir otro fuego como el catalán. La vicepresidenta fue ungida por el propio Rajoy como interlocutora del PNV.
En ese pasado remoto se cerró un acuerdo clave, la concertación de nuevos impuestos de juego, energía y entidades financieras que pasaron a ser gestionados por las diputaciones vascas. Es probablemente el acuerdo más relevante de la legislatura. Rajoy lo ha sacado a relucir de manera recurrente cuando los jeltzales le han reprochado su ausencia de gestos a Euskadi, lo que da una medida de lo contados que han sido los acuerdos que han llegado después. También tuvo alcalce el acuerdo para blindar a Euskadi ante la reforma local, que amenazaba con vaciar de competencias los ayuntamientos vascos.
los conflictos El PNV asistió con reticencias a la investidura de Rajoy. Durante la campaña electoral había alertado de que, si algún partido ganaba con mayoría absoluta, ya fuera el PP o el PSOE, los jeltzales serían irrelevantes en el Congreso porque Moncloa no necesitaría su apoyo, no habría margen para arañar más competencias, y para colmo era probable que Madrid laminara las que ya gestionaban las instituciones vascas con el pretexto de la necesidad de realizar ajustes por la crisis económica. Rajoy terminó metiendo la tijera en la educación (aumentó el horario lectivo de los profesores e impidió cubrir con un sustituto externo a un docente que llevara menos de diez días de baja), aprobó el copago farmacéutico (que los pensionistas pagaran el 10% de las medicinas, y subir el porcentaje que debían abonar los trabajadores que ganaran más de 18.000 euros al año), suprimió la paga extra navideña de los funcionarios y amplió los horarios comerciales (aumentando las horas semanales de apertura de 72 a 90, y los domingos y festivos trabajados de 8 a 10, además de decretar zonas turísticas donde la liberalización sería total en todo el municipio y todo el año salvo que se acotara a nivel vasco). Euskadi se ha quejado de que, aunque su situación financiera sea mejor que la del Estado, Madrid pretenda aplicar con ella las mismas recetas.
El Gobierno Vasco ha tratado de amortiguar el impacto aprobando compensaciones para los colectivos más vulnerables afectados por el copago o, en el caso de los funcionarios, adelantando la extra de julio a enero y la de diciembre a julio, y autorizando una subida en su jornada laboral no tan acusada como la que pretendía Madrid. En puertas de las elecciones generales del 20 de diciembre, Rajoy ha autorizado devolver a los funcionarios parte del esfuerzo. Recuperarán la jornada de 35 horas semanales y tendrán una subida salarial del 1% el próximo año.
acuerdos Euskadi y Madrid han llegado a 14 acuerdos en conflictos competenciales, pero casi todos se referían a cuestiones muy técnicas, poco políticas y, desde luego, no tan relevantes como las áreas donde persiste el desacuerdo. Cabría salvar el pacto sobre las bonificaciones para contratar a jóvenes, y el acuerdo sobre la Ley de Acción Exterior, con la que Madrid pretendía vigilar la apertura de oficinas de las comunidades autónomas en suelo internacional y limitar sus actuaciones en el exterior. Por lo visto, la ley había sido concebida para evitar que Catalunya diera publicidad a su proceso independentista en el mundo, y no tanto para Euskadi, que preserva su autonomía.
Uno de los puntos de mayor discrepancia lo encarna la reforma educativa, que estrecha el control sobre los contenidos de las asignaturas y no dejaba escapatoria porque al final de la etapa de Educación Secundaria y de Bachillerato habría que aprobar sendos exámenes (reválidas) fijados por el Estado. Euskadi ha podido arrancar el compromiso de dejar intacto su modelo lingüístico porque garantiza el aprendizaje del castellano. El resto de la norma está recurrido en el Tribunal Constitucional. La buena noticia para Lakua es que Madrid ha decidido aplazar las reválidas. Espera que, tras las elecciones generales, la norma sea derogada.
Copago farmacéutico. El Gobierno vasco ha recurrido al Constitucional el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y el Real Decreto-ley 1/2015 de garantías para el uso racional de los medicamentos. Madrid estipuló que los pensionistas pagaran el 10% de las medicinas y subió el porcentaje que deben abonar quienes cobran más de 18.000 euros anuales. Lakua ha fijado medidas compensatorias para los colectivos más vulnerables.
Presupuestos estatales de 2012 y 2013. Lakua denuncia que se señale en qué sectores de la administración pública se puede reponer plantilla, que prohíban pagar retribuciones diferidas a empleados públicos a través de EPSV, que se suspenda la financiación de la dependencia y la alusión al Plan Prepara, los 400 euros a parados que ve competencia vasca.
Horarios comerciales. Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento y Real Decreto-ley 20/2012. Fija el mínimo semanal de apertura en 90 horas frente a las 72 que regían hasta la fecha. Pide trabajar 10 domingos y festivos al año y no 8. En localidades turísticas (Bilbao y Donostia), la liberalización sería total en todo el municipio y todo el año si no se acotara por ley vasca.
Reforma educativa de Wert. El euskera queda blindado porque Lakua ha hecho ver a Madrid que el modelo lingüístico vasco en las escuelas garantiza el aprendizaje del castellano. Se mantienen las principales discrepancias como el control excesivo del contenido de las asignaturas por parte del Estado y las reválidas, aunque Madrid ha aplazado sin fecha esos exámenes.
Supresión de la extra navideña de los funcionarios. Real Decreto-Ley 20/2012.
Horario lectivo de los profesores. Real Decreto-Ley 14/2014. Euskadi recurre la ampliación del horario de los docentes y que se impidiera sustituir con recursos externos a profesores que llevaran menos de diez días de baja.
Políticas de empleo. Lakua cree que le corresponde gestionar la ayuda de 426 euros a parados de larga duración con cargas familiares y el Plan Prepara de 400 euros para quienes agoten sus prestaciones porque buscan la reinserción laboral y son políticas activas de empleo, competencia vasca.
