Bilbao - El PNV presentó ayer un programa electoral que pretende deshacer muchas de las políticas aplicadas por Mariano Rajoy en los últimos cuatro años. Los jeltzales quieren hacer valer sus votos desde la oposición para darle la vuelta a su gestión de la crisis y a buena parte de sus recortes porque, aunque admiten que habrá que seguir con el rigor presupuestario bajo la atenta mirada de las autoridades europeas, habría que procurar que los ajustes no se ensañen con los sectores más vulnerables. Piden que las pensiones vuelvan a subir en la misma medida que los precios, que los viudos y viudas también vean aumentado su poder adquisitivo hasta cobrar un 80% de los ingresos del cónyuge fallecido, y que el salario mínimo aumente progresivamente hasta situarse al menos en los 800 euros. Pero también llama la atención por su extensión el capítulo dedicado a recuperar las libertades tras un mandato presidido por el endurecimiento de las sanciones contra las alteraciones del orden público. Los jeltzales piden derogar la ley mordaza que recogía importantes multas por concentrarse ante el Congreso sin permiso, entre otros puntos; eliminar la cadena perpetua y la legislación antiterrorista, perseguir las torturas, y no caer en la legislación de excepción para combatir el yihadismo. También proponen recuperar la justicia universal para juzgar crímenes internacionales con independencia de quién haya sido el autor o dónde haya perpetrado su delito. Su derogación causó cierto impacto social, sobre todo cuando condujo al archivo de la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak.

Por otro lado, el PNV acudirá a Madrid a vigilar que nadie erosione el autogobierno vasco. En un primer momento, albergaba la expectativa de que los partidos estatales abrieran el debate sobre el modelo territorial y Euskadi pudiera ensanchar su autogobierno, pero ahora se teme todo lo contrario: una segunda ola recentralizadora tras la sufrida durante el mandato de Rajoy. En cualquier caso, si verdaderamente surgiera la oportunidad de ampliar el autogobierno, reivindicaría el derecho a decidir y el reconocimiento de la nación vasca. Mientras tanto, como estación intermedia, seguirá pidiendo las competencias pendientes. En el programa se recogen los traspasos de las pensiones, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, prisiones, los flecos pendientes en sanidad, y crédito, banca y seguros.

También quiere mantener el Concierto, que permite a Euskadi recaudar sus propios impuestos y pagar solo un Cupo al Estado; y preservar en la Constitución el mecanismo que permite votar la anexión de Nafarroa a la Comunidad Autónoma Vasca. Quiere, asimismo, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sea la última instancia en Euskadi, y que haya un consejo vasco de justicia que gobierne a los magistrados.

El candidato del PNV al Congreso, Aitor Esteban, consideró que en las elecciones está en juego el autogobierno y, en consecuencia, el modelo económico y de bienestar forjado por los vascos en las últimas décadas. Sobre el nuevo estatus, no fue muy optimista. “Si hay opción de negociar un nuevo estatus, lo intentaremos e iremos con voluntad, pero creo que los próximos tiempos serán de recentralización”, lamentó. Además, pidió salir de la crisis “sin dejar a nadie atrás”.