madrid - El Gobierno español empieza a tomarse la revancha con Catalunya por su apuesta independentista. Madrid ha resuelto imponer condiciones especiales para prestarle dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que de facto supone una intervención de las financias de la Generalitat. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que la rebaja de la nota de la deuda por parte de las agencias de rating, el “incumplimiento de las obligaciones” del Govern y las manifestaciones de sus gobernantes en el sentido de no poder cumplir los topes de déficit, así como los impagos a las farmacias han llevado al Ejecutivo del PP a elevar el nivel de intervención.

El Gabinete de Mariano Rajoy repartirá 7.889 millones del sobrante del Fondo, de los que Catalunya recibirá 3.034 millones pero vigilados por controles que no existirán sobre el resto de comunidades. De esta manera, el interventor general deberá certificar cada mes que en feudo catalán no se gasta ni un euro para fines “ilegales”, es decir, para sacar adelante la moción rupturista, de forma que los funcionarios podrán denunciar si aprecian alguna violación del ordenamiento jurídico. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya había advertido de que no estaba dispuesto a secundar “veleidades independentistas”, aviso que se materializa con este paso y que le enarbola a él como ariete contra el secesionismo por la vía financiera.

En la práctica, la intervención parcial de la autonomía económica no deja de ser un modo de suspender sus competencias en esta materia. A juicio de Montoro, Catalunya supone un “riesgo para el interés general” de la ciudadanía española, echando en cara al Ejecutivo de Artur Mas los 1.300 millones de euros de déficit en 2015 imputados a ejercicios anteriores y que, según Hacienda, la Generalitat ocultó, aunque el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell afirma que eran de sobra conocidos. El enfado del conseller es mayúsculo. Además de asegurar que su departamento no tiene “ni capacidad ni voluntad” de esconder información, censuró que “si con esto quieren el colapso de la administración, lo lograrán”. “No sé qué más pretenden”, denunció Mas-Colell, que denunciará al Gobierno “en todas las instancias posibles” si hay “criterios políticos” en la medida. “Es como si te están ahogando y te piden un certificado de salud, y te dicen que te ahogan porque no dispones del certificado”, zanjó.

De entrada, el desembolso del pago se hará por tramos y en función del cumplimiento de la condicionalidad por parte del Govern; se creará un mecanismo de “conexión telemática” entre Generalitat y Gobierno español para hacer un seguimiento de cada movimiento y factura, para saber a qué corresponde cada gasto; y el interventor del Ejecutivo catalán deberá emitir un certificado mensual de ejecución de todo el presupuesto, dejando constancia de que los gastos de la administración catalana no contravienen el “ordenamiento jurídico”. Mecanismos con los que, para Montoro, se busca que “ni siquiera se abra margen para avanzar en planteamientos que son contrarios a la Constitución”. Es decir, que la mayor holgura presupuestaria no permita al Govern financiar sus planes soberanistas, una vigilancia antes nunca vista en la historia del autogobierno catalán.