Barcelona - La justicia ha llamado a declarar como imputados a tres cargos y excargos del Govern catalán, entre ellos al president Artur Mas, por un delito de desobediencia tras haber impulsado la consulta alternativa sobre la independencia el 9 de noviembre del pasado año. El desenlace no es precisamente una sorpresa pero sí ha levantado suspicacias en Catalunya por el momento escogido para hacer pública la decisión, tan solo dos días después de unas elecciones que se saldaron con el triunfo por mayoría absoluta de las candidaturas independentistas y con la apuesta por seguir adelante con el proceso de desconexión de España en 18 meses. En Convergència ven una intención de dejar fuera de circulación a Mas. Sobre todo, después de que la opinión pública más a la derecha en el Estado español haya recibido con alborozo la exigencia de la CUP de que sea otro candidato de Junts pel Sí y no el president quien se presente a la investidura, algo que ha llevado a esos sectores de opinión estatales a celebrar prácticamente el fin del proceso, obviando la movilización ciudadana y que la vía independentista no solo la defiende Mas, sino toda la lista soberanista y la propia CUP. Pero, tras la imputación, CDC ve reforzado a Mas como president, y los partidos soberanistas cerraron filas para mostrar su solidaridad, aunque no entraron en el debate de la investidura.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha citado a declarar a Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega (Unió) y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta del 9 de noviembre. En concreto, Mas tendrá que declarar el 15 de octubre, y dos días antes lo habrán hecho Ortega y Rigau. Esa consulta se celebró después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el plan inicial de los soberanistas, que pasaba por convocar una consulta oficial. El tribunal admitió los recursos del Estado y, sin entrar al fondo del asunto y como mero automatismo, suspendió cautelarmente el plebiscito. El Govern ideó entonces una fórmula intermedia, con voluntarios y sin tanta presencia de la administración pública, para sortear la prohibición. También fue suspendida pero el Govern siguió adelante. La Fiscalía del Estado los acusó de desobediencia porque interpretó que el proceso era una burla y que se saltaba a la torera la prohibición, aunque esa suspensión fue siempre cautelar y no había sentencia sobre el fondo. También apuntó prevaricación y usurpación de funciones. En total, un año de cárcel y 12 de inhabilitación. Al margen de ese proceso, el PP ha impulsado una reforma del Tribunal Constitucional para que pueda sancionar a Mas si vuelve a desobedecer. Ortega y Rigau aseguraron ayer que hicieron lo correcto. La declaración judicial llegará en puertas de la sesión de investidura del 9 de noviembre, que coincide con el aniversario de la consulta. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la decisión se hizo pública ayer para no interferir en el proceso electoral. Tampoco ha pasado inadvertido que el día de la declaración de Mas coincida con otro simbólico aniversario: el 15 de octubre se cumplirán 75 años desde que el president Lluís Companys fuera fusilado por el franquismo.

El debate se entrecruza con la disputa sobre si Mas debe o no volver a ser president. Figura en la cuarta plaza de la lista Junts pel Sí, aunque el acuerdo llevaba implícito que fuera el candidato a la investidura. El problema estriba en que Junts necesita al menos dos votos de una CUP que prefiere buscar otro candidato de consenso. Junts suma 62 escaños y tiene en contra los 63 de Ciutadans, el socialismo, el PP y la lista amparada por Podemos. El portavoz de Convergència en el Congreso, Pere Macias, opinó ayer que, con la imputación, “la opinión pública catalana va a estar muchísimo más con el presidente por un hecho manifiestamente injusto como esta persecución política”. Dejó claro que su partido no va a desprenderse de Mas.

discrepancias El coordinador general, Josep Rull, opinó que la decisión “refuerza la determinación del president para ser el presidente de Catalunya. No va a haber ninguna sentencia que se lo impida por haber puesto las urnas”. La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, recordó a la CUP que Junts pel Sí “dejó claro desde el primer minuto” que su candidato era Mas y que, con esa premisa, ha recibido 1,6 millones de votos, por lo que pidió “respetar su nombre y este mandato democrático”.

La CUP hizo equilibrios: rechazó las imputaciones, mostró su solidaridad con Mas y apostó por hacer de la desobediencia la herramienta para los próximos meses; pero al mismo tiempo volvió a pedir otro candidato para la investidura. Matizó igualmente que no hará descarrilar el proceso pese a su exigencia. Este periódico adelantó ayer que el partido se debate entre facilitar la investidura de Mas con un sí crítico (darle dos de sus diez votos), o no darle ni un apoyo, como defiende el sector Endavant, con mucho peso en la CUP. Si no le da ningún voto, la investidura no prosperará. Junts pel Sí no cuestiona a Mas, de modo que, si la CUP mantuviera el pulso, en dos meses debería convocarse otro adelanto electoral, opción que nadie baraja a día de hoy.

En principio, tampoco se contempla que la imputación de Mas sirva para retirarlo de la primera línea sin que parezca una concesión a la CUP. En cualquier caso, las plataformas ciudadanas que han impulsado las movilizaciones y que forman parte de Junts, ANC y Òmnium, no entraron a valorar quién debe ser candidato.