Rajoy reduce un 54% respecto a 2011 la inversión en Catalunya

Rajoy reduce un 54% respecto a 2011 la inversión en Catalunya

madrid - Artur Mas tiene motivos más que sobrados para referirse a la asfixia económica que sufre Catalunya por parte del Estado español, y más en concreto en la última legislatura, ya que en los cuatro años con el Gobierno del PP ha perdido más de la mitad de las inversiones en términos absolutos y un tercio en relativos. Es el balance de los cinco Presupuestos presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha destinado en promedio un 10,5% de los recursos, y que tiene como estocada final la anunciada inversión para 2016 de solo un 10,7%, ocho puntos por debajo de la aportación catalana al PIB español. Este exiguo porcentaje representa un aumento de un punto respecto al ejercicio anterior, que fue del 9,5%, el más bajo desde 1999.

Madrid destinará el próximo año más dinero en inversiones tanto en Andalucía, como en Galicia y Castilla y León, comunidades con un peso poblacional y económico muy inferiores al de Catalunya, mientras que durante los gobiernos de Zapatero solo la primera de estas comunidades superaba la partida catalana, que se situaba de media en un 14,9% del total. Y es que, desde 2011, las inversiones en feudo catalán han caído un 54% en cifras absolutas. El último año de gabinete socialista se destinaron 2.548 millones de euros, muy por encima de los 1.179 millones presupuestados por el Ejecutivo del PP de cara al siguiente curso. Aunque la crisis sea una de las razones basta un dato para comprobar que con Catalunya el recorte ha sido más severo: de 2013 a 2014 la inversión descendió un 25%. El porcentaje previsto por el Gobierno español para 2016 está lejos incluso del de la era Aznar, que fue de un 13,1% de media del total territorializado durante sus dos legislaturas, y dista, y mucho, del cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut. La cláusula, que entró en vigor en 2007, señalaba que, al menos durante los siete primeros años de su aplicación, Catalunya tenía que recibir una proporción de inversiones en infraestructuras equivalente a su aportación al PIB español, de un 18,6%. Si el Estado no cumplía, debía transferir este capital de forma adicional. De ahí que la Generalitat reclamara el año pasado 759 millones de euros no pagados durante el ejercicio 2008. Deuda que la Audiencia Nacional desestimó a través de una sentencia.

Para colmo, los diferentes impuestos recurridos por el Gobierno español y tumbados después por el Tribunal Constitucional (TC) impiden a la tesorería del Govern ingresar al año 807 millones de euros. Es decir, el Ejecutivo catalán vería aumentar la recaudación en más de un tercio si desde Madrid no se hubieran discriminado aspectos como el euro por receta o el impuesto a la banca, a las nucleares y en internet, que habrían aportado una inyección económica importante. Se trata de impuestos que la administración catalana tiene varados en el TC o que ya sabe por sus resoluciones que no podrá cobrar.