gasteiz - El Gobierno Vasco no comparte las leyes de vivienda y fracking que pretende tumbar el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, pero cumplirá con su obligación de velar por la aplicación de las normas aprobadas por el Parlamento Vasco hace apenas un mes. Así lo garantizó ayer el portavoz gubernamental, Josu Erkoreka, después de la posición contraria que el PNV ha mantenido en la tramitación de estas leyes ante la convicción de que los recursos anunciados este fin de semana por la Moncloa eran más que previsibles.

El Gobierno español considera que, cada una por motivos diferentes, las dos normas vascas son “inconstitucionales”, lo que provocará que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional y, si los jueces así lo estiman, anuladas. Esta reacción supone un jarro de agua fría para el PSE, que llevó hasta la Cámara vasca la Ley de Vivienda, aprobada junto a los votos de EH Bildu y UPyD, y que ha enarbolado como bandera de su impulso legislativo frente a un Ejecutivo al que le ha echado repetidas veces en cara su escaso bagaje en este ámbito desde que Urkullu cogiera las riendas de Lehendakaritza en sustitución de Patxi López. Erkoreka recordó que desde el Gobierno Vasco se advirtió de las “dudas jurídicas” que generaba el texto normativo sobre su legalidad, unas dudas que podrían acabar con el recorrido de este ley.

El gesto contrariado de los socialistas no fue el único. Los populares vascos comprobaron cómo sus propios compañeros de partido anunciaban desde Madrid su intención de tumbar la Ley de Fracking que contó en Gasteiz con el respaldo de los pupilos de Arantza Quiroga. Conocido este posicionamiento, al que algunas voces ligaron con el desalojo de Javier Maroto de Gasteiz, el PP vasco destacó que los recursos del Gobierno español no responden a un debate “competencial, sino jurídico” para determinar si las leyes “respetan el principio de jerarquía normativa” y “no contravienen la Constitución”.

Los populares vascos sí ven inseguridad jurídica en la Ley de Vivienda, que no respaldaron, pero consideran que en la norma que atañe a la extracción de gas, que apoyaron junto a EH Bildu y PSE, no hay una prohibición “expresa” de su uso. El Gobierno español también hace alusión a este punto en concreto, pero determina que pese a no haber una “prohibición expresa”, sí existe una “prohibición en la práctica”, al elevar tanto los requisitos para aplicar la técnica de perforación y extracción que “prácticamente la impide”.

Ahora PSE y EH Bildu reclaman al Gobierno Vasco que defienda “con convicción” las leyes que pretende anular el Ejecutivo de Madrid “comparta o no su sentido”, según matizó la parlamentaria abertzale Marian Beitialarrangoitia, quien añadió que “sería vergonzoso que el lehendakari utilizara los recursos de Madrid como excusa para poner el criterio minoritario y partidista del PNV por encima de la voluntad mayoritaria”. Los socialistas, por su parte, enmarcaron la reacción de la Moncloa en un conflicto competencial y exigieron a Urkullu que “defienda las competencias propias de Euskadi”.

Ante estas demandas, el lehendakari optó por la cautela y señaló que “habrá que ver cuál es el resultado de los recursos” para comprobar “qué aplicabilidad tienen”.