madrid - Abrir los comedores escolares en verano, bajar las tasas universitarias, reabrir escuelas rurales o frenar la aplicación de la LOMCE son algunas de las primeras medidas de los nuevos gobiernos autonómicos, que también han fijado entre sus prioridades la sanidad, la dependencia o los problemas de vivienda.

El giro social determina los primeros pasos en las comunidades autónomas, en las que también se anuncian avances en transparencia y en reducción de la estructura pública.

La demanda de una nueva financiación autonómica es generalizada entre los gobernantes, en tanto que el control del déficit, asunto prioritario en la pasada legislatura, prácticamente ha desaparecido de los mensajes de esos mandatarios. Incluso donde no ha cambiado el color político del Gobierno, como en Madrid o Andalucía, se han profundizado las políticas sociales. Entre las primeras medidas del Gobierno de Cristina Cifuentes está la aprobación de una partida de 4 millones para garantizar comida a los menores de 12 años en situación de necesidad en los colegios municipales abiertos en verano. También se han bajado las tasas universitarias. El Ejecutivo de Susana Díaz, por su parte, ha dado el primer paso legal para poder adquirir viviendas afectadas por desahucios y para impedir el copago en la cartera complementaria de salud, además de bajar los precios de las matrículas universitarias.

En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page financiará a los ayuntamientos la apertura de los comedores escolares en verano, para el Gobierno de la Comunidad Valenciana las prioridades han sido iniciar los trámites para eliminar el copago a las personas con diversidad funcional o dependientes y paralizar el concurso para la demolición del antiguo hospital La Fe de Valencia. El Govern balear ha anunciado que devolverá la tarjeta sanitaria a las 20.000 personas inmigrantes que la perdieron a raíz de la normativa estatal de 2012. En Aragón se aprobó paralizar la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en aquello que compete a la Comunidad.

En Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha reducido de siete a cinco el número de consejerías y ha anunciado la supresión del Consejo Consultivo y de un 25% del presupuesto de la Asamblea. El Gobierno de Cantabria ha adoptado como primeras medidas retomar el diálogo social con UGT, CCOO y CEOE e iniciar la elaboración de un plan de emergencia social. El presidente riojano ha dedicado sus primeras jornadas a escuchar las propuestas de los alcaldes de la comunidad. Por su parte, el Ejecutivo de Murcia ha acordado iniciar la tramitación del decreto de Participación Ciudadana para propiciar la implicación social en la toma de decisiones. - Efe